Nuevo baremo laboral 2025: beneficios y perjuicios para los trabajadores
El Decreto 549/2025 y una reforma que puede terminar perjudicando a quienes debería proteger
La actualización del baremo de incapacidades laborales, dispuesta por el Decreto 549/2025, introduce modificaciones importantes en la forma de evaluar las secuelas derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Argentina. Algunas de ellas representan avances necesarios: establecen criterios más uniformes, reducen la discrecionalidad de los evaluadores y procuran que las incapacidades sean determinadas sobre bases médicas, científicas y objetivas.
Sin embargo, detrás de esta modernización técnica existe una cuestión mucho más profunda que merece ser debatida: ¿la búsqueda de mayor objetividad justifica reducir los porcentajes de incapacidad y, en consecuencia, las indemnizaciones que reciben los trabajadores que han sufrido daños reales como consecuencia de su actividad laboral?
La respuesta, desde una perspectiva médico-legal y de protección de los derechos laborales, merece ser contundente: combatir los abusos del sistema de riesgos del trabajo era necesario, pero no debería hacerse a costa de los trabajadores que realmente sufrieron accidentes o desarrollaron enfermedades profesionales.
La existencia de pericias cuestionables, porcentajes exagerados, litigios promovidos sin suficiente sustento médico y prácticas que contribuyeron a lo que se denominó «industria del juicio» no puede justificar una respuesta normativa que, en determinados supuestos, termine reduciendo considerablemente el reconocimiento de incapacidades genuinas.
El problema de los abusos debía resolverse mediante mayor control, mejores auditorías, pericias independientes y procedimientos más rigurosos. No mediante una reducción generalizada de la valoración del daño.
1. Una reforma necesaria, pero no necesariamente justa
El Decreto 549/2025, publicado en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2025, sustituyó el Anexo I del Decreto 659/96, que contenía la tabla de evaluación de incapacidades laborales del sistema de riesgos del trabajo.
La nueva normativa entró en vigencia el 2 de febrero de 2026 y resulta aplicable a las valoraciones o determinaciones de incapacidad que no hubieran sido dictadas a esa fecha, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentren.
Entre los fundamentos de la reforma se encuentran la necesidad de actualizar los criterios de valoración, adecuarlos a los avances científicos y tecnológicos, reducir las diferencias entre evaluadores y evitar la discrecionalidad en la determinación de las incapacidades.
Estos objetivos son razonables y, en buena medida, necesarios.
Durante años, el sistema presentó diferencias importantes entre dictámenes médicos, incluso frente a lesiones de características semejantes. La existencia de intervalos porcentuales amplios permitía que dos evaluadores asignaran porcentajes considerablemente diferentes a una misma secuela, sin que necesariamente existieran diferencias clínicas que justificaran esa disparidad.
También existieron situaciones en las que la cuantificación del daño no estuvo suficientemente respaldada por hallazgos objetivos, documentación clínica o estudios complementarios confiables. Esos problemas debían corregirse.
Pero una cosa es eliminar la arbitrariedad y otra muy diferente es establecer criterios tan restrictivos que terminen desconociendo las consecuencias funcionales, físicas y psicológicas que un accidente o una enfermedad profesional producen en la vida de una persona.
La objetividad no debe confundirse con la rigidez, ni la uniformidad con la justicia.
2. Lo positivo del nuevo baremo: menos discrecionalidad y mayor rigor técnico
Sería injusto desconocer que el nuevo baremo incorpora modificaciones que pueden mejorar la calidad de las evaluaciones médico-periciales.
Entre sus aspectos favorables se destacan:
Porcentajes más definidos
El nuevo sistema procura reemplazar numerosos intervalos de valoración por porcentajes específicos para cada secuela.
Esto puede reducir las diferencias injustificadas entre evaluadores y dificultar que se asignen porcentajes arbitrarios sin suficiente fundamentación.
Mayor exigencia de documentación objetiva
Se establece la necesidad de acreditar las alteraciones anatómicas o funcionales mediante la historia clínica y los estudios complementarios correspondientes.
La exigencia de fundamentación médica es correcta: una incapacidad permanente debe estar respaldada por elementos clínicos y diagnósticos suficientes.
Mayor uniformidad en la valoración
La utilización de criterios más estandarizados puede mejorar la reproducibilidad de los dictámenes y facilitar el control de las evaluaciones.
Incorporación de nuevas áreas de valoración
La nueva tabla desarrolla capítulos específicos de oncología, toxicología e infectología, lo que representa un avance en el reconocimiento de secuelas derivadas de determinadas enfermedades profesionales.
También incorpora criterios más desarrollados para distintas alteraciones neurológicas, cognitivas y psiquiátricas.
Estos cambios pueden contribuir a mejorar la calidad técnica del sistema.
El problema aparece cuando la búsqueda de uniformidad se transforma en una limitación para reconocer las particularidades de cada trabajador y la verdadera magnitud del daño sufrido.
3. Los cambios que pueden perjudicar seriamente a los trabajadores
La nueva normativa introduce criterios que, en determinados cuadros clínicos, pueden reducir significativamente los porcentajes de incapacidad respecto de los que podían reconocerse con el baremo anterior.
No se trata de una posibilidad meramente teórica. Existen modificaciones concretas que merecen especial atención.
3.1. El dolor deja de tener reconocimiento porcentual autónomo
Uno de los aspectos más controvertidos es la exclusión expresa del dolor como componente autónomo de incapacidad. El nuevo baremo considera que el dolor tiene características subjetivas y variables y, por lo tanto, no le asigna un porcentaje específico.
Desde una perspectiva estrictamente metodológica, es razonable evitar que la cuantificación de una incapacidad dependa exclusivamente de una manifestación subjetiva difícil de medir. Sin embargo, desde la medicina clínica y la valoración del daño corporal, el dolor es un fenómeno fisiopatológico real que puede producir limitaciones funcionales importantes.
Un trabajador con lumbalgia crónica, dolor neuropático, cervicalgia persistente o síndrome doloroso postraumático puede presentar dificultades significativas para levantar peso, permanecer de pie, caminar, realizar movimientos repetitivos o mantener determinadas posturas.
Que el dolor no sea directamente mensurable mediante una radiografía o una resonancia magnética no significa que no exista ni que carezca de consecuencias funcionales.
El problema no consiste en que el dolor no tenga un porcentaje independiente. Consiste en que su repercusión funcional no termine siendo adecuadamente considerada cuando existe evidencia clínica suficiente.
La valoración del dolor debería contemplar su intensidad, persistencia, características, repercusión funcional, tratamientos realizados y coherencia con el cuadro clínico. Excluirlo automáticamente de la cuantificación puede conducir a una infravaloración del daño.
3.2. Las limitaciones articulares y la exigencia de un sustrato anatómico
El nuevo baremo establece que las limitaciones de los arcos de movilidad articular deben estar respaldadas por un sustrato anatómico que justifique el hallazgo patológico.
La intención de evitar limitaciones simuladas o exageradas es comprensible. Sin embargo, la función articular no depende exclusivamente de la anatomía visible en los estudios por imágenes.
Existen alteraciones funcionales que pueden tener una expresión clínica significativa sin que necesariamente se identifique una lesión estructural proporcional en una radiografía, tomografía o resonancia.
La evaluación de una articulación requiere considerar el examen físico, la movilidad activa y pasiva, la fuerza, la estabilidad, la coordinación, el dolor, los antecedentes terapéuticos y los estudios complementarios.
Reducir la valoración a la existencia de una alteración anatómica suficientemente evidente puede dejar sin reconocimiento secuelas funcionales reales.
3.3. La aplicación de la capacidad restante
El nuevo baremo establece como regla general la utilización del método de capacidad restante para las secuelas derivadas de una misma contingencia, salvo las excepciones expresamente previstas en las tablas.
Este procedimiento tiene una consecuencia matemática concreta: cuando existen varias secuelas, el porcentaje de cada una se calcula sobre la capacidad que permanece después de descontar las anteriores.
Por ejemplo, si un trabajador presenta tres secuelas del 15 %, 10 % y 5 %, la suma aritmética arrojaría un 30 % de incapacidad.
En cambio, mediante capacidad restante:
- Primera secuela: 15 %.
- Segunda secuela: 8,5 %.
- Tercera secuela: 3,825 %.
El resultado es 27,325 %.
La diferencia puede parecer pequeña en este ejemplo, pero aumenta cuando existen múltiples lesiones o compromisos de distintos sistemas orgánicos.
La metodología de capacidad restante no es nueva en el sistema de riesgos del trabajo: el Decreto 659/96 ya la contemplaba en determinados supuestos, como los siniestros sucesivos y los grandes siniestrados. Lo que cambia es su utilización generalizada para las secuelas de una misma contingencia.
La cuestión que merece debatirse es si este método refleja adecuadamente la repercusión conjunta de lesiones que, en la vida real, pueden potenciar sus consecuencias funcionales.
Un trabajador que presenta lesiones simultáneas en columna, hombro y rodilla no necesariamente experimenta una pérdida de capacidad equivalente a la simple combinación matemática de porcentajes decrecientes.
La valoración debería considerar también la repercusión funcional conjunta de las lesiones.
3.4. Porcentajes que pueden resultar insuficientes frente a secuelas importantes
Al comparar determinadas lesiones contempladas en ambos baremos aparecen diferencias que pueden tener consecuencias económicas relevantes.
Algunos ejemplos publicados en comparaciones de las tablas son:
- Hernia discal operada con secuelas: el baremo anterior permitía intervalos de valoración más amplios, mientras que el nuevo contempla un porcentaje específico de 5 % para el supuesto comparado.
- Ruptura completa del ligamento cruzado anterior: se informa una reducción respecto de los rangos anteriores de inestabilidad ligamentaria.
- Determinadas lesiones meniscales: se reducen los márgenes de valoración.
- Hipoacusia: se modifican sustancialmente algunos porcentajes correspondientes a determinados grados de compromiso.
- Disfonías: se establecen nuevos estadios y porcentajes específicos.
Naturalmente, cada comparación debe realizarse entre diagnósticos y secuelas equivalentes. No es correcto comparar lesiones diferentes como si fueran idénticas. Pero estos ejemplos muestran que la reforma no se limita a ordenar y modernizar las tablas: en determinadas patologías puede disminuir considerablemente el reconocimiento de la incapacidad.
Y cuando disminuye el porcentaje de incapacidad, también puede disminuir la prestación dineraria correspondiente.
3.5. La evaluación médica sin examen físico directo: ¿puede determinarse una incapacidad sin examinar al trabajador?
Otro aspecto que merece una crítica particular es la metodología de evaluación utilizada por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
La determinación de una incapacidad laboral requiere algo más que analizar una historia clínica, revisar estudios complementarios y cotejar diagnósticos con una tabla de porcentajes. Requiere, fundamentalmente, una evaluación médica individualizada del trabajador, que permita comprobar sus limitaciones funcionales, identificar secuelas, realizar maniobras semiológicas y establecer la repercusión real de las lesiones sobre su capacidad laboral.
Sin embargo, el procedimiento vigente desde el 2 de febrero de 2026, establecido mediante la modificación introducida por la Resolución SRT 5/2026 a la Resolución 298/2017, dispone en su artículo 6 que el profesional médico interviniente se expedirá sobre la prueba médica presentada por las partes y que, «en caso de corresponder», podrá ordenar la realización de un examen físico o de estudios complementarios.
Esto significa que el examen físico presencial ya no queda establecido como una instancia obligatoria en todos los trámites, sino que su realización queda sujeta a la consideración del profesional médico interviniente.
Esta modalidad plantea un problema médico-pericial importante: ¿cómo puede determinarse con suficiente certeza la incapacidad funcional de una persona sin examinarla directamente?
Una resonancia magnética puede mostrar una hernia discal, pero no determina por sí sola cuánto limita los movimientos del trabajador, qué grado de compromiso funcional presenta ni cómo repercute esa lesión sobre sus actividades habituales.
Una radiografía puede demostrar una fractura consolidada, pero no permite establecer, por sí misma, la fuerza muscular residual, la estabilidad articular, la amplitud de los movimientos o las limitaciones funcionales que persisten.
Un estudio audiométrico puede cuantificar una pérdida auditiva, pero la evaluación integral requiere considerar también sus consecuencias funcionales.
Lo mismo sucede con las enfermedades respiratorias, neurológicas, osteoarticulares y psiquiátricas, en las que la documentación complementaria es fundamental, pero no siempre suficiente para establecer la magnitud de las secuelas.
La evaluación médico-pericial debe integrar tres componentes: los antecedentes clínicos, los estudios complementarios y el examen directo del paciente. Ninguno de ellos debería sustituir automáticamente a los restantes.
Existe, además, una cuestión de equidad procesal. La documentación médica que llega a las Comisiones puede ser incompleta, provenir de distintos prestadores o haber sido generada durante tratamientos controlados por la propia ART. Si el trabajador no cuenta con una historia clínica completa o con estudios suficientemente demostrativos, una evaluación predominantemente documental puede colocarlo en una situación de desventaja.
Por otra parte, la posibilidad de que el profesional médico ordene un examen físico cuando lo considere necesario no garantiza que esa necesidad sea identificada en todos los casos. Precisamente, una limitación funcional que no surge claramente de los documentos podría pasar inadvertida si no se realiza una exploración clínica directa.
La cuestión es particularmente delicada porque las Comisiones Médicas constituyen una instancia administrativa previa y obligatoria en las jurisdicciones adheridas a la Ley 27.348, y sus decisiones pueden tener consecuencias económicas muy importantes para el trabajador.
La objetividad de una evaluación no se consigue examinando menos, sino examinando mejor.
Si el objetivo de la reforma es reducir la subjetividad y aumentar el rigor científico, debería garantizarse que la determinación de incapacidades permanentes incluya, como regla general, un examen físico presencial, completo y documentado, con las excepciones justificadas por razones médicas o de imposibilidad material.
No parece razonable exigir cada vez mayor objetividad en los porcentajes de incapacidad y, al mismo tiempo, admitir que, en determinados procedimientos, esa incapacidad pueda establecerse sin que el evaluador haya examinado personalmente a quien sufrió el daño.
La estandarización de los baremos debe ir acompañada de procedimientos de evaluación igualmente rigurosos. De lo contrario, se corre el riesgo de obtener porcentajes matemáticamente precisos, pero médicamente insuficientes para representar la verdadera incapacidad del trabajador.
4. La industria del juicio existió, pero la solución no debería perjudicar a las víctimas reales
Es necesario abordar un tema que, durante años, generó controversias en el sistema de riesgos del trabajo: la denominada «industria del juicio».
La litigiosidad excesiva, las demandas con fundamentos médicos insuficientes, las pericias con criterios dispares, las discrepancias injustificadas entre evaluaciones y determinados mecanismos de incentivos económicos contribuyeron a deteriorar la confianza en el sistema.
También existieron situaciones en las que la actuación judicial no consiguió establecer controles suficientemente rigurosos sobre la calidad y consistencia de las pruebas periciales. No sería serio negar estos problemas.
Pero tampoco sería correcto utilizar su existencia como argumento para justificar una reducción indiscriminada de las indemnizaciones.
Los abusos de algunos no pueden convertirse en una presunción de fraude contra todos los trabajadores.
Si existieron pericias exageradas, debieron mejorarse los mecanismos de control de las pericias.
Si existieron porcentajes de incapacidad injustificados, debieron establecerse auditorías técnicas y criterios de fundamentación más rigurosos.
Si existieron conflictos de intereses en la actuación de determinados profesionales, debieron corregirse los mecanismos de designación, control y remuneración.
Si hubo demandas infundadas, debieron aplicarse las herramientas procesales correspondientes.
Y si existieron demoras judiciales o administrativas que favorecieron la multiplicación de litigios, debieron corregirse los procedimientos.
La respuesta adecuada era fortalecer los controles, no reducir el reconocimiento del daño de quienes efectivamente lo padecieron.
¿Qué controles podrían haberse implementado?
Entre las medidas que permitirían combatir los abusos sin perjudicar a los trabajadores se encuentran:
- Pericias médicas independientes: fortalecer los cuerpos médicos forenses especializados, con profesionales capacitados en medicina laboral, medicina legal y valoración del daño corporal.
- Auditorías de dictámenes: implementar mecanismos de revisión de porcentajes de incapacidad que presenten inconsistencias, contradicciones o falta de fundamentación.
- Control de la documentación clínica: exigir estudios complementarios confiables, historias clínicas completas y adecuada justificación del nexo causal.
- Transparencia en los honorarios profesionales: evitar que la remuneración del perito dependa exclusivamente del porcentaje de incapacidad o del monto económico del litigio o su pago, sea responsabilidad del que pierde el juicio.
- Control de las ART: auditar también las evaluaciones realizadas por las aseguradoras, sus rechazos de contingencias, los tratamientos otorgados y las determinaciones de incapacidad.
- Sanciones frente al fraude comprobado: establecer consecuencias efectivas para las conductas fraudulentas, tanto de profesionales como de cualquier otro interviniente.
- Mayor calidad de las Comisiones Médicas: garantizar evaluaciones oportunas, completas, independientes y debidamente fundamentadas.
La lucha contra la litigiosidad abusiva debe ser compatible con la protección efectiva de los trabajadores. No puede convertirse en una reducción de derechos para quienes sufrieron un daño real.
5. Una indemnización insignificante no repara el daño sufrido
Este es, probablemente, el aspecto más importante de toda la discusión.
Una indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional no es un premio ni un beneficio extraordinario que recibe el trabajador.
Es una prestación destinada a compensar, dentro del sistema legal, las consecuencias económicas de una pérdida de capacidad laboral ocasionada por una contingencia profesional.
Detrás de cada porcentaje existe una persona que puede haber perdido fuerza, movilidad, audición, capacidad respiratoria, equilibrio, concentración o posibilidades de continuar desarrollando su actividad habitual.
Hay trabajadores que no pueden volver a realizar las mismas tareas que desempeñaban antes del accidente.
Otros deben cambiar de ocupación, aceptar empleos de menor exigencia física o directamente abandonar una actividad para la que se habían preparado durante años.
También existen quienes deben convivir con dolor persistente, tratamientos prolongados, limitaciones físicas, trastornos psicológicos y dificultades para reinsertarse laboralmente.
En esas circunstancias, una indemnización calculada sobre un porcentaje de incapacidad insuficiente puede resultar absolutamente desproporcionada respecto de las consecuencias reales del daño.
Debe recordarse, además, que el porcentaje de incapacidad es solamente uno de los elementos de la fórmula indemnizatoria del sistema de riesgos del trabajo. También intervienen variables como el ingreso base, la edad y las disposiciones legales aplicables.
Por eso, una reducción del porcentaje puede tener un efecto económico directo y significativo sobre el trabajador.
No se trata de sostener que toda indemnización deba ser elevada ni de desconocer los límites legales del sistema. Se trata de exigir que la valoración médica sea suficientemente representativa de la incapacidad efectivamente sufrida.
Una indemnización reducida por una valoración inadecuada no es una solución al fraude: es una nueva injusticia.
6. El derecho a una reparación justa no puede quedar subordinado a una tabla
La valoración de las incapacidades laborales debe realizarse conforme al baremo legal correspondiente. Sin embargo, esto no significa que la discusión sobre la suficiencia de las reparaciones pueda agotarse en una tabla de porcentajes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.», del 21 de septiembre de 2004, cuestionó la insuficiencia del régimen indemnizatorio entonces aplicable y reafirmó la necesidad de proteger al trabajador frente a los daños derivados de los accidentes laborales, en consonancia con los principios constitucionales de protección del trabajo y de reparación.
Este antecedente recuerda que el trabajador no puede ser tratado como una variable económica del sistema asegurador.
El objetivo del régimen de riesgos del trabajo es reparar los daños derivados de accidentes y enfermedades profesionales, proporcionar prestaciones médicas y favorecer la rehabilitación y reinserción laboral.
La eficiencia económica del sistema es importante, pero no puede constituir el único criterio para evaluar su funcionamiento.
Un sistema que reduce los costos de las prestaciones a expensas de una valoración insuficiente de las incapacidades puede ser financieramente conveniente, pero no necesariamente justo.
La uniformidad de criterios tampoco puede convertirse en una justificación para desconocer las particularidades de cada persona.
7. La verdadera solución: más control, mejores pericias y protección efectiva
El debate no debería plantearse como una oposición entre quienes defienden a los trabajadores y quienes pretenden combatir la industria del juicio.
Ambos objetivos son compatibles.
Es perfectamente posible establecer un sistema que reduzca los fraudes, limite las discrecionalidades, mejore la calidad de las pericias y, al mismo tiempo, garantice indemnizaciones adecuadas a quienes sufrieron daños laborales.
Para lograrlo, la reforma debería acompañarse de políticas concretas:
- Capacitación permanente de los médicos evaluadores.
- Participación efectiva de especialistas en medicina legal y laboral.
- Auditorías independientes de las evaluaciones de incapacidad.
- Protocolos de examen clínico y funcional.
- Control de calidad de los estudios complementarios.
- Evaluación integral de las secuelas físicas y psicológicas.
- Fundamentación científica de los porcentajes asignados.
- Mecanismos de revisión frente a resultados manifiestamente inconsistentes.
- Fiscalización rigurosa de la actuación de las ART y de las Comisiones Médicas.
También es indispensable que los porcentajes establecidos en las tablas sean revisados periódicamente a partir de la evidencia científica y de los resultados reales de su aplicación.
Un baremo no debe convertirse en un instrumento inmodificable. Debe evolucionar con la medicina y mantener como finalidad principal la valoración justa del daño.
8. Conclusión: combatir los abusos sin crear nuevas injusticias
El Decreto 549/2025 introduce mejoras que deben reconocerse. La reducción de la discrecionalidad, la mayor exigencia de fundamentación médica y la búsqueda de criterios uniformes son objetivos legítimos y necesarios.
Pero esos avances no justifican los aspectos de la reforma que pueden conducir a una disminución injustificada de los porcentajes de incapacidad y de las indemnizaciones correspondientes.
La denominada industria del juicio, cuando existió y pudo desarrollarse por falta de controles suficientes, debió combatirse con mejores mecanismos de fiscalización, independencia pericial, transparencia y rigor científico.
No era necesario responder a los abusos reduciendo la valoración de las secuelas de quienes realmente sufrieron accidentes o enfermedades profesionales.
No se puede combatir el fraude perjudicando a las víctimas. No se puede mejorar la eficiencia del sistema a costa de reducir la reparación de los daños reales. Y no se puede confundir una indemnización menor con una evaluación más objetiva.
Un trabajador que pierde su capacidad física, desarrolla una enfermedad profesional o queda con secuelas permanentes después de un accidente laboral merece una valoración médica rigurosa y una compensación acorde con el daño sufrido.
La medicina legal debe contribuir a establecer la verdad médica, no a justificar porcentajes artificialmente reducidos. La justicia debe controlar los abusos, no trasladar sus consecuencias a quienes necesitan protección.
El objetivo de un baremo laboral no debería ser pagar menos, sino determinar con mayor precisión cuánto daño sufrió una persona y qué incapacidad le produjo.
Porque detrás de cada porcentaje no hay solamente una cifra: hay una persona, su salud, su capacidad de trabajar y, muchas veces, su posibilidad de sostener económicamente a su familia.
