Persona sentada sola en una calle oscura y húmeda durante la noche, en un entorno urbano deteriorado que sugiere vulnerabilidad social, pobreza y problemática de adicciones.
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Salud Mental y Seguridad: El Imperativo Ético de Reformar el Artículo 20

Artículo de opinión

En los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, la crisis de salud mental no es una abstracción teórica, sino una tragedia cotidiana que desborda los hogares. Familias sin recursos asisten con impotencia al colapso de sus seres queridos en crisis psicóticas o consumos problemáticos, atrapadas en un sistema que, bajo una supuesta defensa de la autonomía, termina por abandonar al enfermo a su suerte. La ley actual, en su afán por proteger derechos individuales, ha generado un desamparo real donde la libertad se confunde con la desidia estatal. La modificación del Artículo 20, de la Ley de salud mental 26.657, no constituye un retroceso; es una herramienta humanista y pragmática, indispensable para garantizar la intervención oportuna en escenarios donde el «riesgo cierto e inminente» se ha transformado en un obstáculo burocrático que impide salvar vidas.

Del «Riesgo Cierto» a la Protección Grave: Un Cambio de Paradigma Necesario

El núcleo de la reforma propone sustituir el criterio de «riesgo cierto e inminente» por el de «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física». Desde la práctica clínica y la medicina legal, entendemos que la formulación vigente ha fracasado por sus dificultades interpretativas. ¿Cómo determinar la inminencia absoluta ante la volatilidad de un brote psicótico? Esta ambigüedad ha paralizado a los equipos de salud, fomentando una medicina defensiva o la inacción técnica por temor a represalias legales.

La nueva redacción busca ser más abarcativa y clarificadora, otorgando al profesional la seguridad jurídica necesaria para actuar antes de que el daño sea irreversible. No obstante, es imperativo advertir que el debate sobre la conjunción «o» en fórmulas como «riesgo grave, cierto o inminente» exige una aplicación ética rigurosa para evitar hospitalizaciones preventivas innecesarias, manteniendo siempre el foco en la protección efectiva de la integridad del paciente y de terceros.

La Ciencia al Frente: El Nuevo Rol de la Psiquiatría

Un cambio técnico fundamental es la transición terminológica: el proyecto reemplaza el concepto genérico de «padecimiento mental» por el de «afección o trastorno de salud mental». Esta precisión no es meramente semántica; alinea la ley con clasificaciones diagnósticas internacionales y permite una jerarquización del saber médico-psiquiátrico dentro del equipo interdisciplinario. La reforma establece que uno de los dos firmantes de la internación debe ser, obligatoriamente, un médico psiquiatra.

Esta medida no anula la interdisciplina, sino que le otorga una responsabilidad técnica clara a quien posee la formación específica para diagnosticar trastornos complejos. Asimismo, el proyecto muestra un realismo geográfico necesario: en zonas con recursos limitados, se permite la internación por un solo médico en casos excepcionales, siempre que la decisión sea revalidada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas, asegurando que la urgencia clínica no sea rehén de la falta de personal especializado en el interior del país.

Salud, Pobreza y Adicciones: El Estado como Garante de la Paz Social

La intersección entre salud mental y pobreza es un factor que no podemos soslayar. En contextos de vulnerabilidad, los trastornos y adicciones no tratados derivan frecuentemente en conductas delictivas, no por una naturaleza criminal, sino como consecuencia del deterioro del juicio o la necesidad de financiar consumos. Aquí, el Estado debe intervenir bajo la premisa de que la salud mental es un componente de la paz social.

El proyecto refuerza el «Deber de Cuidado» de las familias, estableciendo que la asistencia financiera no las exime de su responsabilidad de acompañamiento y supervisión. De hecho, se introduce una exigencia operativa crítica: la presencia de los familiares es un requisito obligatorio al momento del alta para formalizar la salida del paciente. Esta medida busca reconstruir el lazo social y asegurar que el alta no sea, en la práctica, una expulsión a la calle sin red de contención.

El Desafío del Financiamiento: Entre la Ambición y la Realidad

Aunque el proyecto mantiene el objetivo histórico del 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental, observamos con preocupación que la redacción sobre la cooperación entre Nación y provincias ha pasado de ser «técnica y financiera» a una más general «cooperación de la Nación». Esta vaguedad conlleva el riesgo de una fragmentación del sistema si no se garantiza un esquema de recursos robusto y federalmente distribuido. Según el proyecto, el financiamiento debe priorizar áreas críticas como:

  • Dispositivos ambulatorios obligatorios: Al menos dos por hospital, para evitar que la internación sea la única respuesta posible.
  • Planes de inserción socio-laboral: Coordinados con el Ministerio de Capital Humano para devolver la dignidad a través del trabajo.
  • Red de servicios comunitarios y capacitación permanente: Elevando los estándares de los equipos de salud en todo el territorio.

Garantías y Controles: El Órgano de Revisión en la Encrucijada

La reconfiguración del Órgano de Revisión (OR) plantea tensiones institucionales evidentes. El proyecto modifica su composición: ahora participarán asociaciones de familiares (en lugar de «usuarios») y ONGs especializadas estrictamente en la temática de salud mental, desplazando a las organizaciones de derechos humanos de perfil generalista. Sin embargo, preocupa la pérdida de facultades clave, como la capacidad de denunciar magistrados ante el Consejo de la Magistratura o de proponer reformas legislativas.

Por otro lado, el Artículo 35 propone un registro permanente de personas internadas que colisiona con el derecho a la intimidad. Frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que exige el consentimiento informado, la implementación de este registro debe ser sumamente cautelosa. La Ley de Derechos del Paciente (26.529) y la de Protección de Datos Personales (25.326) prohíben la divulgación de información sensible sin autorización del titular, lo que podría limitar este registro a fines puramente estadísticos y anónimos.

Conclusión: Un Futuro Basado en la Honestidad Médica

La reforma del sistema de salud mental en Argentina representa un avance hacia un modelo más pragmático y efectivo, que intenta resolver la parálisis técnica que afecta a nuestros profesionales. Al equilibrar las garantías individuales con la necesidad de una intervención clínica oportuna, buscamos una libertad real, que no es otra que la posibilidad de recuperarse y vivir con dignidad.

Frente a la crisis actual, el compromiso con la seguridad social y la ética médica nos obliga a reflexionar: ¿Podemos seguir sosteniendo un ideal de libertad que, en la práctica, condena al enfermo mental más vulnerable al abandono y a la calle? La honestidad intelectual nos dicta que el cambio es imperativo.

Dra. María Torres Mariano

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    Published Online: May 12, 2025. doi:10.1001/jama.2025.2191

    Corresponding Author: Jennifer A. Wargo, MD, Department of Surgical Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, 1515 Holcombe Blvd, Houston, TX 77030 (jwargo@mdanderson.org).

  • Estadísticas que salvan vidas: el legado científico de las empresas aseguradoras

    Las empresas aseguradoras no solo cumplen un rol económico clave al proteger patrimonios y vidas frente a eventos adversos. En paralelo, se han constituido en una fuente fundamental de datos sistematizados que, analizados estadísticamente, han generado conocimiento científico valioso con impacto directo en la salud, la seguridad, la economía, las políticas públicas y el desarrollo humano.

    A continuación, se presenta un recuento de los principales aportes derivados de estas estadísticas:


    1. Conocimiento en epidemiología y salud pública

    Las aseguradoras de salud, vida y riesgos del trabajo han recolectado datos durante décadas sobre enfermedades, accidentes, causas de muerte, tratamientos y pronósticos. Gracias a ello, ha sido posible:

    • Identificar patrones de morbilidad y mortalidad por edad, sexo, ocupación y región.
    • Evaluar la efectividad de tratamientos y estrategias de prevención.
    • Detectar enfermedades emergentes y cambios en tendencias sanitarias.
    • Estimar la esperanza de vida ajustada por enfermedades.

    2. Prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales

    Las estadísticas de siniestros laborales han dado lugar a avances significativos en:

    • Clasificación de rubros y tareas según nivel de riesgo.
    • Mejora de protocolos de seguridad y normativas de higiene laboral.
    • Innovación en tecnologías de prevención.
    • Seguimiento de patologías ocupacionales, como trastornos musculoesqueléticos.

    3. Ciencia actuarial y modelos predictivos

    La ciencia actuarial, nacida en el ámbito asegurador, ha desarrollado modelos matemáticos para la predicción de eventos inciertos. Entre sus logros:

    • Elaboración de tablas de mortalidad y supervivencia.
    • Cálculo de primas basadas en riesgo individual y colectivo.
    • Desarrollo de técnicas de modelado estadístico y aprendizaje automático.

    4. Gestión de sistemas de salud

    La información recabada por las aseguradoras es vital para:

    • Estimar el gasto en salud por grupo poblacional.
    • Evaluar el desempeño de prestadores y profesionales.
    • Identificar prácticas innecesarias o de bajo valor.
    • Promover una medicina basada en resultados.

    5. Formulación de políticas públicas

    Los datos aseguradores nutren la toma de decisiones en:

    • Reformas de salud, seguridad social y jubilación.
    • Regulaciones de seguridad vial, laboral y ambiental.
    • Evaluación del impacto económico de epidemias y catástrofes.

    6. Seguridad vial y transporte

    Las aseguradoras vehiculares han contribuido a:

    • Identificar zonas de alto riesgo en la vía pública.
    • Mejorar el diseño de infraestructuras viales.
    • Fomentar el uso de medidas de seguridad.
    • Analizar comportamientos de riesgo en conductores.

    7. Mitigación de catástrofes y cambio climático

    Los seguros contra eventos naturales han permitido:

    • Generar mapas de riesgo por región.
    • Modelar el impacto económico del cambio climático.
    • Incentivar prácticas sustentables.
    • Diseñar seguros solidarios para países vulnerables.

    8. Educación financiera y cultura del riesgo

    Las estadísticas aseguradoras también han aportado a:

    • Mejorar la alfabetización financiera de la población.
    • Comprender el comportamiento humano frente al riesgo.
    • Desarrollar seguros personalizados y modelos de detección de fraude.

    9. Innovación científica y transferencia tecnológica

    El sector asegurador impulsa avances mediante:

    • Financiación de estudios y validación de tecnologías médicas.
    • Desarrollo de soluciones de telemedicina y monitoreo remoto.
    • Colaboraciones con universidades e institutos científicos.

    10. Estudios demográficos y sociales

    Finalmente, las bases de datos aseguradoras permiten:

    • Analizar fenómenos como el envejecimiento poblacional.
    • Estudiar los determinantes sociales de la salud.
    • Realizar investigaciones interdisciplinarias en sociología, economía y medicina.

    Conclusión

    Las estadísticas de las empresas aseguradoras han trascendido el ámbito privado para transformarse en herramientas de ciencia aplicada. Su riqueza reside en la calidad, cantidad y continuidad de los datos que generan, y su potencial de seguir aportando soluciones a los desafíos más urgentes de la humanidad.

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    La medicina legal como garante de los derechos humanos: una revisión ética y forense

    Resumen

    La medicina legal ocupa un rol estratégico en la protección y garantía de los derechos humanos, al aplicar el conocimiento médico-científico en contextos judiciales y administrativos. Este artículo analiza la relación entre derechos humanos, bioética y las principales ramas de la medicina legal, destacando su función como herramienta técnica al servicio de la justicia y la dignidad humana. Se revisaron aportes doctrinarios y científicos de autores reconocidos, así como instrumentos internacionales relevantes, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos éticos, científicos y profesionales que enfrenta la práctica médico-legal contemporánea. Se concluye que la medicina legal, ejercida con rigor técnico e independencia ética, constituye un pilar esencial para la vigencia efectiva de los derechos humanos.

    Palabras clave: medicina legal; derechos humanos; bioética; ciencias forenses; ética médica.


    Abstract

    Human Rights and Legal Medicine: Contributions of Bioethics and Forensic Sciences to Justice and Human Dignity

    Legal medicine plays a strategic role in the protection and guarantee of human rights by applying medical and scientific knowledge within judicial and administrative contexts. This article analyzes the relationship between human rights, bioethics, and the main branches of legal medicine, emphasizing their function as technical tools in the service of justice and human dignity. Doctrinal and scientific contributions from recognized authors, as well as relevant international instruments, are reviewed in order to reflect on the ethical, scientific, and professional challenges faced by contemporary medico-legal practice. It is concluded that legal medicine, when exercised with technical rigor and ethical independence, constitutes a fundamental pillar for the effective enforcement of human rights.

    Keywords: legal medicine; human rights; bioethics; forensic sciences; medical ethics.


    Introducción

    La medicina legal se desarrolla en un espacio de convergencia entre el conocimiento médico, el derecho y la ética. Su intervención resulta determinante en situaciones donde se encuentran comprometidos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la identidad y al debido proceso. En este contexto, la práctica médico-legal no puede concebirse como una actividad meramente técnica o neutral, sino como una disciplina con profundas implicancias éticas y jurídicas.

    Los derechos humanos constituyen el marco normativo que orienta y limita el accionar del Estado y de los profesionales que actúan en su órbita. Desde esta perspectiva, la medicina legal se configura como un instrumento técnico indispensable para la investigación, documentación y reparación de violaciones a dichos derechos (Donnelly, 2013). Paralelamente, la bioética aporta principios rectores que permiten abordar los dilemas propios de la práctica pericial, especialmente en escenarios de vulnerabilidad y coerción institucional (Beauchamp & Childress, 2013).


    Marco Conceptual: Derechos Humanos y Bioética

    La consolidación de los derechos humanos en el ámbito sanitario se vincula estrechamente con el desarrollo de la bioética como disciplina académica y práctica. Instrumentos internacionales, como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, establecen que toda intervención médica debe respetar la dignidad, la autonomía y los derechos fundamentales de las personas, independientemente del contexto en que se realice.

    En el ámbito médico-legal, estos principios adquieren una relevancia particular, dado que muchas intervenciones se efectúan sin finalidad terapéutica directa y bajo mandato judicial o administrativo. La bioética permite entonces delimitar responsabilidades, prevenir abusos y fortalecer la legitimidad social de la actuación pericial.


    Ramas de la Medicina Legal y su Relación con los Derechos Humanos

    Tanatología forense

    La tanatología forense cumple un rol central en la investigación de muertes violentas, sospechosas o institucionales. En contextos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y conflictos armados, su aporte resulta fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares (Oehmichen, 2014).

    La identificación de restos humanos y la determinación científica de la causa y el mecanismo de muerte constituyen obligaciones éticas y jurídicas del Estado, con la medicina legal como soporte técnico esencial.

    Traumatología forense

    La evaluación médico-legal de lesiones corporales permite documentar violaciones al derecho a la integridad física, especialmente en casos de violencia de género, violencia institucional y tortura. La correcta interpretación de los hallazgos clínicos y su adecuada correlación con los hechos denunciados son determinantes para evitar la impunidad y garantizar el debido proceso (Saunders, 2010).

    Psiquiatría forense

    La psiquiatría forense aborda problemáticas sensibles vinculadas a la capacidad, la imputabilidad penal y el riesgo, en un marco donde los derechos de las personas con padecimientos mentales han sido históricamente vulnerados. Las evaluaciones deben realizarse con criterios científicos, evitando estigmatizaciones y respetando el derecho a la salud mental y a la no discriminación (Appelbaum, 2015).

    Toxicología forense

    La toxicología forense contribuye a la administración de justicia mediante el análisis científico de sustancias tóxicas, drogas y fármacos. La calidad metodológica de estos estudios resulta crucial para proteger derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo (Hanzlick & Combs, 2016).

    Documentología y genética forense

    El análisis documental y la genética forense protegen derechos vinculados a la identidad personal, la filiación y la seguridad jurídica. En procesos de restitución de identidad y justicia transicional, estas disciplinas adquieren una dimensión ética y humanitaria de particular relevancia.

    Bioética Aplicada a la Práctica Médico-Legal

    La aplicación práctica de la bioética en medicina legal se manifiesta en aspectos como la confidencialidad de la información pericial, el uso proporcional de técnicas invasivas, la independencia profesional y la protección de poblaciones vulnerables. Como señala Nussbaum (2006), la justicia debe orientarse a garantizar capacidades humanas básicas, entre ellas la salud y la integridad corporal, lo que impone a la medicina legal una responsabilidad social indelegable.

    Discusión

    La medicina legal enfrenta desafíos crecientes derivados del avance tecnológico, la judicialización de la medicina y el aumento de demandas sociales en materia de derechos humanos. El uso de técnicas como el ADN, la digitalización de datos biométricos y la inteligencia artificial plantea nuevos dilemas éticos relacionados con la privacidad, la seguridad de la información y el consentimiento.

    En este escenario, resulta imprescindible fortalecer la formación ética y en derechos humanos de los profesionales médico-legales, así como garantizar su independencia técnica frente a presiones institucionales.

    Conclusiones

    La medicina legal constituye un pilar fundamental para la vigencia efectiva de los derechos humanos. Cada una de sus ramas aporta conocimiento científico indispensable para la administración de justicia, pero su legitimidad depende del respeto irrestricto por la dignidad humana y los principios bioéticos. Ejercida con rigor técnico, independencia y compromiso ético, la medicina legal se consolida como una herramienta esencial al servicio de la justicia y de la sociedad.

    Referencias

    Appelbaum, P. S. (2015). Assessment of patients’ competence to consent to treatment. New England Journal of Medicine, 357(18), 1834–1840.
    Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of biomedical ethics (7th ed.). Oxford University Press.
    Donnelly, J. (2013). Universal human rights in theory and practice (3rd ed.). Cornell University Press.
    Hanzlick, R., & Combs, D. (2016). Principles of forensic toxicology. Academic Press.
    Nussbaum, M. C. (2006). Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership. Harvard University Press.
    Oehmichen, M. (2014). Forensic medicine and human rights. Forensic Science International, 233(1–3), 1–6.
    Saunders, S. (2010). Forensic evaluation of physical injury. CRC Press.
    UNESCO. (2005). Universal declaration on bioethics and human rights.


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    Las Ciencias Forenses: Un Puente Entre la Ciencia y la Justicia

    Las ciencias forenses constituyen un conjunto de disciplinas científicas aplicadas a la resolución de problemas legales, contribuyendo a la administración de justicia mediante el análisis de evidencias. Su objetivo principal es esclarecer hechos delictivos, identificar a los responsables y proporcionar pruebas fundamentadas que puedan ser utilizadas en procesos judiciales.

    Principales Disciplinas de las Ciencias Forenses

    Las ciencias forenses abarcan diversas áreas del conocimiento, cada una con su propia metodología y aplicaciones específicas:

    • Medicina Forense: Analiza lesiones, causas de muerte y evidencia biológica en víctimas y sospechosos. Es fundamental en la autopsia y el análisis de lesiones en casos de agresiones o accidentes.
    • Criminalística: Se centra en la recolección y análisis de pruebas materiales, como huellas dactilares, balística, documentos, sustancias químicas y otros indicios encontrados en la escena del crimen.
    • Toxicología Forense: Estudia la presencia de sustancias tóxicas, drogas o venenos en el cuerpo humano, determinando posibles intoxicaciones o envenenamientos.
    • Antropología Forense: Analiza restos óseos para identificar individuos, determinar causas de muerte y estimar el tiempo de fallecimiento.
    • Odontología Forense: Examina dientes y estructuras bucales para identificar personas y analizar mordeduras que puedan ser pruebas en una investigación.
    • Genética Forense: Se basa en el análisis de ADN para identificar individuos, establecer parentescos y vincular a sospechosos con escenas del crimen.
    • Entomología Forense: Estudia insectos en cuerpos en descomposición para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte.
    • Psicología y Psiquiatría Forense: Evalúan el estado mental de los individuos implicados en un caso legal, determinando si son aptos para enfrentar un juicio o si presentan algún trastorno que pueda influir en su responsabilidad penal.
    • Informática Forense: Analiza dispositivos electrónicos en busca de evidencia digital en casos de delitos cibernéticos, fraudes y espionaje.
    • Calígrafos. Estudian la letra, las similitudes y diferencias entre dos muestras para ratificar o rectificar al autor de los escritos.

    Profesionales en Ciencias Forenses

    El campo forense requiere la colaboración de diversos especialistas, entre ellos:

    • Médicos Forenses: Realizan autopsias y análisis médico-legales.
    • Criminalistas: Procesan escenas del crimen y analizan pruebas físicas.
    • Toxicólogos: Identifican sustancias en el cuerpo y su impacto en la víctima.
    • Antropólogos Forenses: Estudian restos humanos para su identificación.
    • Odontólogos Forenses: Analizan registros dentales y marcas de mordeduras.
    • Genetistas Forenses: Aplican estudios de ADN en investigaciones criminales.
    • Psicólogos y Psiquiatras Forenses: Evalúan aspectos mentales de los implicados en casos legales.
    • Expertos en Informática Forense: Recuperan y analizan información digital relevante en investigaciones.
    • Grafólogos

    Conclusión

    Las ciencias forenses desempeñan un papel crucial en la administración de justicia, proporcionando pruebas científicas que ayudan a esclarecer delitos y garantizar la aplicación de la ley. La colaboración interdisciplinaria entre los diferentes profesionales forenses permite la resolución de casos con precisión y objetividad, asegurando un sistema judicial más eficiente y justo.

  • Muerte Digna. Conceptos y definiciones

    El caso de Marcelo Diez, reactivó en la opinión pública el tema sobre Muerte Digna, por tal motivo considero de interés recordar algunos conceptos y definiciones sobre terminología relacionada a este tema.

    La historia trágica de Marcelo Diez (M.A.D), comienza el domingo 23 de octubre de 1994, fecha en la que el joven tenía programado primero ir a votar y después comer un asado en la chacra familiar de Plottier en Neuquén, pero un penoso accidente no le permitió cumplir con lo proyectado. Su moto colisionó con un auto en la ruta y sufriendo un severo traumatismo craneoencefálico con politraumatismos graves. Cuando despertó en la terapia intensiva, se encontraba seriamente comprometido físicamente, se comunicaba con los ojos, podía leer, señalaba con la mirada. Cuando ya iba a ser trasladado a terapia intermedia, una infección intrahospitalaria lo complicó más, llevándolo a un estado vegetativo permanente. Se le realizó innumerables tratamientos en distintas instituciones médicas: Fundación Favaloro, clínica Bazterrica, ALPI, sin resultados positivo.

    Los padres de Marcelo decidieron cuidarlo ellos mismos y acondicionaron un cuarto especial en su casa. Los años pasaron y la pareja murió y sus hermanas, Andrea y Adriana,  fueron desde ese momento las encargadas de tomar las decisiones: «No escucha, no ve, no entiende, no responde a ningún estímulo concreto», dijeron en reiteradas oportunidades para reclamar la Muerte Digna para su hermano.

    Los profesionales que lo atendían, negaron el pedido, por lo que las hermanas recurrieron a la Justicia en 2009 para que autorizaran el retiro de toda medidas terapéuticas incluyendo el soporte vital y que no se le practicaran nuevas acciones invasivas para que Marcelo pudiera finalmente descansar.

    Los numerosos comités médicos que revisaron el caso de MAD, dijeron que su estado era irreversible, pero la jueza rechazó el pedido de las hermanas, por lo cual, se apeló la sentencia en los distintos estrados judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación en el año 2013, quienes fallaron a favor de las hermanas con fundamentos muy sólidos y dignos de ser analizados detenidamente.

    Volviendo al objetivo de definir algunos términos bioéticos asociados con el tema, debemos decir que se considera:

    Muerte Digna u Ortotanasia: es el derecho de un paciente, con una enfermedad irreversible, progresiva e incurable en estado terminal, de rechazar todo procedimiento terapéutico, ya sea farmacológico, quirúrgico, reanimación e incluyendo lo que se conoce como Soporte Vital de Vida, (hidratación, alimentación, etc.), por considerar que todos ellos resultan extraordinarios y desproporcionados en relación a la perspectiva de mejora e incluso generarle al paciente mas dolores y padecimientos.

    Otras definiciones significativas de conocer y diferenciar, son los criterios médicos de “Enfermedad Terminal” (ET) y “Estado Vegetativo Permanente” (EVP). La diferencia entre estos términos es importante, no solo porque se habla de procesos patológicos distintos, sino que desde el punto de vista médico legal y judicial tienen diferente implicancias. Por un lado, la mayoría de las legislaciones reconocen explícitamente el derecho a la muerte digna en las enfermedades terminales, no así en los estados vegetativos permanentes, por no ser una enfermedad terminal, ejemplo de esto último es en la provincia de Córdoba, cuya ley de Muerte Digna (10.058), no permite retirar el soporte básico de vida en los EVP, esto sería motivo de otro análisis. Por otro lado, excepto en los casos en que los pacientes han realizado con anterioridad una Declaración de Voluntad Anticipada (DVA), en patologías como el EVP, la decisión de rechazar o no los procedimientos terapéuticos, lo deben hacer los familiares del paciente, con lo cual lleva a muchas controversias y derivaciones judiciales.

    Se considera Enfermedad terminal: aquella que se manifiesta como una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sin respuesta al tratamiento específico, con síntomas multifactoriales, y pronóstico de vida no mayor a seis meses, por ejemplo, etapas finales de cánceres, enfermedad de la motoneurona, insuficiencia orgánica específica (renal, cardíaca, hepática, etc.)

    Por otro lado, el Estado Vegetativo (EV), es una condición patológica, en la que el paciente no tiene conciencia de si mismo o del entorno e incapacidad total para interactuar con otros. Carecen de actividad voluntaria. Tienen ausencia de respuesta sostenida, reproducible, propositiva y voluntaria al estimulo visual, auditivo, táctil o nociceptivo. Presentan ausencia total de expresión o compresión del lenguaje con preservación de la actividad hipotalámica y tronco encefálico por lo que mantienen espontáneamente las constantes y funciones vitales (respiración, función cardíaca, intestinal, el ritmo sueño-vigilia, etc.). Presentan incontinencia fecal y vesical. Preservación variable de los reflejos en nervios craneales y espinales. Esta patología puede presentarse como secuela de un traumatismo craneoencefálico severo, o de algunas intoxicaciones o accidentes, con daño severo de la corteza cerebral. Se diferencia de la anterior en que son patologías en que los pacientes, pueden estar estables en sus funciones vitales y sobrevivir mucho tiempo, años, sin contacto con el medio ambiente.

    El Estado Vegetativo puede ser Transitorio cuando dura menos de un mes, Persistente entre un mes y un año y Permanente, más de un año, este último es el único E. V. que puede entrar dentro de las consideraciones de muerte digna.

    Otros términos que debemos conocer y diferenciar son:

    Eutanasia: La etimología: eu thánatos: bien muerte, buena muerte, morir bien, tiene un significado más específico que es procurar la muerte sin dolor a aquellos que sufren. Este significado es muy amplio y aquí entrarían desde el asesinato al niño que nace disminuido hasta la colaboración en el suicidio de alguien que sufre, desde la eliminación del anciano hasta la abstención del tratamiento para no alargar una agonía sin esperanza. Cada uno de estos casos recibiría un juicio ético distinto. En la actualidad en pocos lugares del mundo es aceptado esta practica. En Argentina no es legal.

    Hoy entendemos técnicamente por eutanasia el llamado “homicidio por compasión”, es decir, causar la muerte de otro, con acciones u omisiones, por “piedad” ante su sufrimiento. La mayoría de las definiciones, incluye exclusivamente a una práctica médica, a mi criterio, compete a cualquiera allegado al paciente que por considerar que es un hecho de compasión, por acción u omisión de actos ocasiona la muerte de un paciente que sufre alguna enfermedad incurable.

    Distanasia: Es lo opuesto a la Eutanasia, es el mal morir, con intensos dolores, disconfor y/o con encarnizamiento terapéutico, sin objetivo científico de mejorar el estado de salud.

    Muerte asistida: Es cuando terceros realizan tareas conducentes a colaborar con la decisión de un enfermo terminal o un gran discapacitado a ocasionarse la muerte. La decisión de morir es del paciente, que por distintas razones se ve imposibilitado a concretarlo y necesita de un tercero para lograrlo, por ejemplo, un cuadripléjico (inmovilidad de los cuatro miembros) necesita que alguien le acerque el veneno para libremente ingerirlo y acabar con lo que considera su sufrimiento. Algunos lo consideran una forma de eutanasia.

    Encarnizamiento terapéutico: (obstinación o ensañamiento) Se considera la aplicación de tratamientos inútiles o desproporcionadamente caros o molestos, a los fines de prolongar una vida biológica, en pacientes con enfermedades irreversibles y terminales.

    En relación a los Cuidados Paliativos, según definición de la OMS, «son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales».

    Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran a la muerte como un proceso natural, no la aceleran ni la retrasan, simplemente trata de mantener la mejor calidad de vida posible hasta la muerte. Se administran conjuntamente con el tratamiento terapéutico y cuando estos se han retirado por la evolución de la enfermedad, continúan acompañando al enfermo para aliviar la sintomatología.

    La ley nacional 26.529,  con las modificaciones realizadas por la ley 26.742, es bastante clara en sus conceptos y si los profesionales de la salud, más allá de sus objeciones de conciencia, se atienen estrictamente a la letra de la ley, no deberían tener inconveniente con la justicia federal, a la hora de atender la voluntad del paciente cuando el diagnóstico y el pronostico del enfermo es incuestionable. Tampoco es necesario solicitar autorización judicial para tomar las medidas necesarias a los fines de respetar el mandato del enfermo o el de los familiares responsables, dejando todo bien documentado y asentado en el consentimiento informado e historia clínica a los fines de deslindar responsabilidades. Por supuesto, que los cuidados y tratamientos paliativos, siempre deben acompañar al paciente y a su familia hasta el momento de su muerte.

    No toda la legislación, de las distintas provincias Argentinas, es tan clara a la hora de enmarcar los criterios que considerar legal la Muerte Digna, por ejemplo la ley 10.058 de la Provincia de Córdoba, no permite la suspensión del Soporte Vital Básico, (hidratación, alimentación, etc.), por lo que impide que la enfermedad tenga una evolución natural.

    El fallo de la Corte Suprema de Justicia N° 376/2013 (49D)/CS1, claramente expresa en sus fundamentos que, en los casos como el de Marcelo Diez, no deberían judicializarse porque los profesionales de la salud, tienen un respaldo irrenunciable en la ley nacional de Muerte Digna, aunque estos criterios no son aplicables en todas las provincias argentinas por igual, lo que lleva a una enorme diferencia intra país. Este tipo de diferencia debería allanarse a los fines de permitir a los profesionales de la Salud actuar con criterios científicos y lógicos e impedir el encarnizamiento terapéutico ya sea por motivos científicos o comerciales.