La falta de educación, la pobreza, las adicciones y la delincuencia, un circulo vicioso que se retroalimenta
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Educación, pobreza, delincuencia y adicciones: un círculo vicioso

Villas de emergencias en Argentina que muestra el grado de hacinamiento de poblaciones marginadas.

En un país donde la educación no ha sido una prioridad para sus gobernantes y la corrupción ha fomentado la pobreza, no sorprende el nivel de delincuencia y adicciones que azota a todo el territorio nacional, en especial, los grandes centros urbanos.

La falta de instrucción escolar y la pobreza clientelar, son un excelente caldo de cultivo para generar delincuentes y adictos a drogas ilegales y algunas legales. Estos factores se entrelazan, generando una dinámica de exclusión social que limitan las oportunidades laborales y de progreso y perpetúa la marginalidad.

La educación como factor determinante

La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo individual y social. Sin embargo, en muchas comunidades pobres, el acceso a una educación de calidad es limitado. La falta de recursos, infraestructura deficiente y la necesidad de los niños y adolescentes de trabajar para contribuir a la economía familiar impiden la continuidad en la escuela. Como resultado, muchos jóvenes abandonan sus estudios sin las herramientas necesarias para acceder a empleos dignos y bien remunerados. A muchos de ellos se los podría calificar como analfabetos funcionales

Este tipo de analfabetismo afecta significativamente la empleabilidad, la participación ciudadana y la calidad de vida de las personas, ya que dificulta el acceso a la educación continua y al mercado laboral calificado.

Pobreza y exclusión social

La pobreza no es solo la carencia de recursos económicos, sino también la falta de acceso a servicios esenciales como salud, vivienda y educación. Sin una formación adecuada, las posibilidades de empleo formal se reducen drásticamente, lo que perpetúa la situación de vulnerabilidad económica y social. Esto lleva a que muchas personas busquen formas alternativas de subsistencia, que en algunos casos incluyen actividades delictivas.

Delincuencia: una salida desesperada

Ante la falta de oportunidades, la delincuencia se convierte en una «salida» para algunos sectores marginados. La falta de educación impide el desarrollo de habilidades y conocimientos que faciliten la inserción en el mercado laboral, y la pobreza aumenta la tentación de obtener ingresos rápidos a través de actividades ilícitas. Además, la descomposición del tejido social y la falta de modelos positivos de referencia contribuyen a que los jóvenes caigan en entornos criminales.

Adicciones: un escape con consecuencias devastadoras

Las drogas y el alcohol se presentan muchas veces como una vía de escape ante la frustración y el desamparo. Las personas en situación de pobreza, sin oportunidades y con un entorno marcado por la violencia, encuentran en las sustancias una forma de evadir su realidad. Sin embargo, las adicciones agravan la situación, debilitando aún más las posibilidades de salir del círculo de exclusión y, en muchos casos, favoreciendo la participación en actividades delictivas para sostener el consumo.

Además del analfabetismo funcional, la pobreza y las adicciones, existen otros factores que influyen en el aumento de la delincuencia. Algunos de los más relevantes son:

1. Desintegración familiar y falta de contención

La ausencia de un entorno familiar estable, la violencia intrafamiliar y la falta de referentes positivos pueden llevar a los jóvenes a buscar identidad y apoyo en grupos delictivos o pandillas.

2. Falta de oportunidades laborales

La escasez de empleo digno y bien remunerado empuja a muchas personas a buscar ingresos a través de actividades ilícitas. La informalidad laboral y la precarización del trabajo también contribuyen a este problema.

3. Impunidad y corrupción

Cuando el sistema de justicia es ineficaz o corrupto, se genera una sensación de impunidad que incentiva la reincidencia delictiva. Si los criminales no reciben sanciones adecuadas, fomenta el delito se convierte en una alternativa viable.

4. Desigualdad social y exclusión

Las grandes brechas entre sectores ricos y pobres generan resentimiento y falta de sentido de pertenencia a la sociedad. Esto puede llevar a la delincuencia como un medio de “ajuste de cuentas” o de acceso a bienes y servicios inaccesibles por medios legales.

5. Influencia del crimen organizado

El narcotráfico, la trata de personas y otras redes criminales organizadas captan a jóvenes y adultos en situación vulnerable, ofreciéndoles dinero fácil y protección a cambio de involucrarse en actividades ilegales.

6. Falta de educación en valores y civismo

El debilitamiento de la enseñanza en valores como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad contribuye a una sociedad donde el individualismo y la falta de empatía pueden facilitar conductas delictivas.

7. Urbanización descontrolada y falta de acceso a servicios básicos

El crecimiento de barrios marginales sin infraestructura adecuada, sin acceso a educación, salud o espacios recreativos, genera ambientes propicios para la delincuencia al carecer de alternativas de desarrollo.

8. Violencia y cultura delictiva normalizada

El cine, la música y ciertos discursos sociales que glorifican la violencia y la vida criminal pueden influir en jóvenes en situación de vulnerabilidad, haciéndoles ver el delito como un camino legítimo o aspiracional.

9. Enfermedades mentales sin tratamiento adecuado

Trastornos como la esquizofrenia, el trastorno antisocial de la personalidad o la depresión severa pueden llevar a comportamientos violentos si no se diagnostican y tratan correctamente, especialmente cuando se combinan con abuso de sustancias.

10. Falta de control de armas

El acceso fácil a armas de fuego aumenta la violencia y la letalidad de los delitos, facilitando tanto los homicidios como la actividad de bandas criminales y organizaciones delictivas.

Estos factores se interrelacionan y refuerzan entre sí, haciendo que la delincuencia no sea un problema aislado, sino el resultado de múltiples fallas estructurales en la sociedad. Para reducir el delito, es fundamental abordar estos elementos de manera integral.

Rompiendo el ciclo

Para romper este círculo vicioso, es fundamental implementar políticas públicas integrales que aborden la educación, la inclusión laboral, la prevención del delito y el tratamiento de las adicciones. Algunas estrategias clave incluyen:

  • Mejorar el acceso a la educación: garantizar escuelas bien equipadas, docentes capacitados y programas de apoyo para niños en situación vulnerable.
  • Generar oportunidades laborales: fomentar la capacitación y el empleo digno para jóvenes y adultos en situación de pobreza.
  • Fortalecer la seguridad social: asegurar el acceso a servicios de salud, vivienda y apoyo comunitario para reducir la exclusión.
  • Programas de prevención y rehabilitación: invertir en programas de prevención de adicciones y en centros de rehabilitación accesibles.

La solución no es sencilla ni inmediata, pero con una visión integral y un compromiso real, es posible cambiar el destino de millones de personas atrapadas en este ciclo de pobreza, delincuencia y adicciones. La clave está en brindar oportunidades reales y construir una sociedad más justa e inclusiva.

Para reducir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana, el Estado debe implementar una estrategia integral basada en prevención, control y reinserción social. Los ejes principales de acción deberían ser:

1. Educación y formación laboral
  • Garantizar acceso a educación de calidad desde la infancia, con énfasis en la enseñanza de valores, civismo y resolución de conflictos.
  • Ampliar programas de educación para adultos y alfabetización funcional.
  • Desarrollar planes de formación técnica y capacitación laboral para jóvenes en situación de riesgo.
  • Incentivar la permanencia en la escuela con becas, alimentación y transporte gratuito en zonas vulnerables.
2. Desarrollo social y reducción de la desigualdad
  • Implementar políticas que reduzcan la pobreza extrema y fomenten la inclusión social.
  • Mejorar el acceso a vivienda digna, salud y servicios básicos en comunidades marginadas.
  • Crear espacios recreativos, deportivos y culturales para ofrecer alternativas a los jóvenes y evitar que caigan en la delincuencia.
3. Generación de empleo y economía formal
  • Fomentar la creación de empleo en sectores estratégicos y garantizar salarios dignos.
  • Incentivar a las empresas para que contraten jóvenes en riesgo de exclusión mediante beneficios fiscales.
  • Apoyar emprendimientos en comunidades vulnerables con acceso a créditos y asesoramiento.
4. Fortalecimiento del sistema de justicia y lucha contra la impunidad
  • Agilizar los procesos judiciales para evitar la sensación de impunidad.
  • Combatir la corrupción en la policía, el sistema judicial y las instituciones públicas.
  • Garantizar que las penas sean proporcionales al delito y que se cumplan efectivamente.
  • Fomentar el uso de tecnología en la seguridad pública (videovigilancia, análisis de datos criminales).
5. Prevención y combate al crimen organizado
  • Desmantelar redes criminales con estrategias de inteligencia y cooperación internacional.
  • Endurecer los controles de tráfico de armas y drogas.
  • Combatir la trata de personas y el lavado de dinero.
  • Asegurar la protección de testigos y denunciantes.
6. Rehabilitación y reinserción social de delincuentes
  • Implementar programas efectivos de rehabilitación en cárceles con educación, terapia y formación laboral.
  • Mejorar las condiciones carcelarias para evitar que las prisiones se conviertan en “escuelas del crimen”.
  • Ofrecer oportunidades de reinserción para evitar la reincidencia delictiva.
7. Regulación y control de armas
  • Endurecer los requisitos para la compra y portación de armas.
  • Implementar operativos de desarme en comunidades con altos índices de violencia.
  • Aumentar las penas por posesión ilegal de armas.
8. Atención a la salud mental y lucha contra las adicciones
  • Ampliar el acceso a tratamientos de salud mental y adicciones en sectores vulnerables.
  • Crear centros de rehabilitación gratuitos y programas de prevención del consumo de drogas.
  • Desarrollar campañas de concienciación sobre el impacto de las adicciones y la violencia.
9. Participación ciudadana y vigilancia comunitaria
  • Fomentar la participación de la comunidad en la prevención del delito a través de programas de vigilancia vecinal.
  • Crear canales de denuncia anónima y mecanismos de protección para los denunciantes.
  • Fortalecer la confianza en las fuerzas de seguridad mediante una policía más cercana y profesional.
10. Reforma policial y fortalecimiento de la seguridad
  • Profesionalizar las fuerzas de seguridad con mejor formación, supervisión y control.
  • Mejorar las condiciones laborales y salariales de los agentes para reducir la corrupción.
  • Implementar estrategias de patrullaje inteligente y prevención del delito.

Estas acciones requieren un compromiso a largo plazo, inversión sostenida y un enfoque integral que combine medidas sociales, económicas y de seguridad. Sin una estrategia equilibrada, cualquier política enfocada solo en la represión o solo en la prevención tendrá efectos limitados.

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    Qué son las enfermedades profesionales?

    Qué son las Enfermedades Profesionales?

    A casi 20 años de la promulgación de la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557) en Argentina, comprender qué son las enfermedades profesionales es fundamental para interpretar correctamente esta normativa. Esto cobra especial importancia tanto para trabajadores como para empleadores, profesionales de la salud laboral, abogados y todos aquellos involucrados en el sistema de prevención y reparación de daños laborales.

    ¿Cómo define la OIT a las enfermedades profesionales?

    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la enfermedad profesional como aquella contraída a causa de la exposición a factores de riesgo en el trabajo. Esta definición, basada en el Protocolo de 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (1981), resalta dos aspectos clave:

    • Existe una relación causal comprobable entre el entorno laboral y la enfermedad.
    • La enfermedad ocurre con mayor frecuencia en los trabajadores expuestos que en la población general.

    Ejemplo práctico

    Un trabajador expuesto al plomo que desarrolla saturnismo tiene una alta probabilidad de estar padeciendo una enfermedad profesional. En este caso, la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) debe brindarle asistencia médica y, de ser necesario, indemnización.

    En cambio, si una persona no expuesta al plomo desarrolla la misma enfermedad, esta no será considerada laboral y será cubierta por su obra social como una enfermedad común.

    Rx Tórax Normal
Rx Tórax Neumoconiosis
    Neumoconiosis de los trabajadores del carbón

    Otras definiciones relevantes

    El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España define la enfermedad profesional como un deterioro lento y progresivo de la salud, resultado de una exposición crónica a condiciones adversas en el entorno laboral. Estas condiciones pueden ser de origen químico, biológico, físico, mecánico o ergonómico.

    En Chile, la ley considera enfermedad profesional a la que deriva directamente del trabajo realizado, siempre que exista relación causal con la patología que cause incapacidad o muerte.

    ¿Qué dice la Ley Argentina?

    La Ley 24.557 establece, en su artículo 6°, que se consideran enfermedades profesionales:

    • Las incluidas en el listado oficial del Decreto 658/96, donde se identifican los agentes de riesgo, cuadros clínicos, tipos de exposición y actividades laborales vinculadas.
    • Las que, aunque no estén listadas, la Comisión Médica Central determine como directamente provocadas por el trabajo.

    Esto significa que, salvo casos excepcionales, solo se reconocen enfermedades profesionales aquellas incluidas en el listado oficial.

    Clasificación de contingencias laborales

    La normativa argentina diferencia tres tipos de situaciones que pueden afectar la salud del trabajador:

    1. Enfermedades Profesionales

    Son aquellas directamente causadas por la actividad laboral y reconocidas oficialmente en el listado. Implican la exposición a un agente de riesgo específico y una relación causal con la enfermedad.

    2. Accidentes de Trabajo

    Son hechos súbitos y violentos ocurridos en el lugar de trabajo o durante el trayecto desde o hacia el mismo (accidentes “in itinere”).

    3. Enfermedades Inculpables

    Son enfermedades comunes que no guardan relación con el trabajo, como la diabetes, hipertensión o artrosis. Su tratamiento está a cargo del sistema de salud general, no de la ART.

    ¿Cuáles son los agentes de riesgo laborales?

    El listado oficial de enfermedades profesionales incluye agentes:

    • Físicos (ruido, vibraciones, radiaciones)
    • Químicos (plomo, solventes, pesticidas)
    • Biológicos (virus, bacterias, hongos)
    • Ergonómicos (malas posturas, esfuerzos repetitivos)

    La exposición a estos factores debe ser comprobada para considerar la enfermedad como laboral.

    Fisuras del sistema legal argentino

    A pesar del marco legal, existen lagunas e ineficiencias en la aplicación de la ley. Una de ellas es la falta de actualización por parte del sistema judicial, que en muchos casos sigue utilizando expresiones como “enfermedad accidente”, un término obsoleto.

    Además, el compromiso institucional para capacitar a jueces, peritos y personal técnico ha sido limitado. Esta falta de claridad y uniformidad ha favorecido la proliferación de litigios laborales.

    Conclusión: la importancia de conocer y aplicar bien la ley

    La correcta comprensión de qué es una enfermedad profesional es clave para proteger la salud de los trabajadores y evitar conflictos legales innecesarios. Para lograrlo, es necesario:

    • Capacitación continua del personal involucrado.
    • Compromiso con la correcta aplicación de la ley.
    • Apego a los criterios médico-legales basados en evidencia.

    Las enfermedades profesionales no deben ser motivo de disputa judicial, sino de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.

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    Determinación de la hora de muerte en homicidios complejos

    La determinación de la hora de muerte constituye uno de los aspectos más importantes de la medicina legal. Establecer con precisión cuándo falleció una persona puede permitir confirmar o descartar sospechosos, verificar coartadas, reconstruir los hechos y orientar toda una investigación criminal.

    Sin embargo, en numerosos homicidios los autores intentan dificultar el trabajo de los investigadores mediante diversas maniobras destinadas a ocultar, alterar o destruir el cadáver. El desmembramiento, la incineración, el enterramiento clandestino, la inmersión en agua o el abandono en lugares remotos son algunos de los métodos utilizados para intentar borrar evidencias y dificultar la estimación del momento de la muerte.

    A pesar de ello, la medicina forense moderna dispone de numerosas herramientas que permiten aproximarse a la data de muerte incluso en circunstancias extremadamente complejas.

    ¿Por qué es importante determinar la hora de muerte?

    La estimación del intervalo post mortem permite:

    • Verificar coartadas.
    • Establecer cronologías de los hechos.
    • Determinar si una persona estuvo viva durante determinados eventos.
    • Relacionar movimientos bancarios, comunicaciones o desplazamientos con el momento del fallecimiento.
    • Identificar inconsistencias en los testimonios de testigos o sospechosos.
    • En grandes catástrofes o accidentes múltiples, por las leyes hereditarias

    En la práctica, los médicos forenses rara vez establecen una hora exacta. Lo habitual es estimar una ventana temporal, dentro de la cual, probablemente ocurrió la muerte.

    Métodos clásicos para estimar la hora de muerte

    Temperatura corporal (algor mortis)

    Tras el fallecimiento, el cuerpo comienza a enfriarse progresivamente hasta alcanzar la temperatura ambiental.

    Durante las primeras horas, la medición de la temperatura rectal, hepática o timpánica puede ofrecer una estimación relativamente confiable.

    Sin embargo, numerosos factores alteran este proceso:

    • Temperatura ambiente.
    • Vestimenta.
    • Obesidad.
    • Humedad.
    • Corrientes de aire.
    • Inmersión en agua.

    Por ello, la temperatura corporal es útil principalmente durante las primeras 24 horas.

    Rigidez cadavérica (rigor mortis)

    La rigidez se debe al agotamiento del ATP muscular.

    Generalmente:

    • Comienza entre las 2 y 6 horas.
    • Se generaliza entre las 8 y 12 horas.
    • Desaparece entre las 24 y 48 horas.

    No obstante, el ejercicio intenso previo a la muerte, las convulsiones o ciertas enfermedades pueden modificar significativamente estos tiempos.

    Livideces cadavéricas (livor mortis)

    Son manchas violáceas producidas por el estancamiento de la sangre en las partes declives del cuerpo.

    Su estudio permite:

    • Estimar el tiempo transcurrido desde la muerte.
    • Detectar movimientos del cadáver posteriores al fallecimiento.

    Las livideces comienzan a aparecer aproximadamente, entre los 30 minutos y las 2 horas posteriores a la muerte.

    Descomposición cadavérica

    Cuando han transcurrido varios días, los fenómenos putrefactivos se convierten en la principal herramienta de estimación.

    Se analizan:

    • Cambio de coloración de la piel.
    • Producción de gases.
    • Hinchazón corporal.
    • Licuefacción de tejidos.
    • Esqueletización.

    La velocidad de descomposición depende enormemente de las condiciones ambientales.

    Cuando el homicida intenta ocultar el cadáver

    Los intentos de ocultamiento suelen complicar la estimación de la data de muerte, pero también pueden generar nuevas evidencias útiles para la investigación.

    Desmembramiento del cadáver

    El desmembramiento suele realizarse con varios objetivos:

    • Facilitar el transporte.
    • Dificultar la identificación.
    • Impedir la reconstrucción de lesiones.
    • Retrasar el hallazgo.

    Cuando se encuentra un cuerpo desmembrado, el médico forense debe determinar:

    • Si el desmembramiento ocurrió antes o después de la muerte.
    • El instrumento utilizado.
    • El tiempo transcurrido desde la sección de los tejidos.

    Las características de los bordes de corte permiten establecer si existía circulación sanguínea al momento de la mutilación.

    Además, cada segmento corporal puede presentar distintos grados de descomposición, proporcionando información adicional sobre la cronología de los hechos.

    La participación de especialistas en antropología forense resulta fundamental en estos casos.

    Incineración del cadáver

    La incineración es uno de los métodos más utilizados para intentar destruir pruebas.

    Sin embargo, destruir completamente un cuerpo humano requiere temperaturas elevadas y períodos prolongados de exposición al fuego.

    En muchos casos persisten:

    • Fragmentos óseos.
    • Piezas dentarias.
    • Prótesis.
    • Implantes ortopédicos.
    • Material genético protegido en estructuras profundas.

    Los expertos pueden estudiar:

    • Grado de carbonización.
    • Fracturas térmicas.
    • Alteraciones microscópicas del hueso.
    • Residuos biológicos remanentes.

    Aunque la estimación precisa de la hora de muerte se vuelve más difícil, muchas veces es posible reconstruir parcialmente la cronología del hecho.

    Enterramiento clandestino

    Los cadáveres enterrados presentan patrones de descomposición diferentes a los observados en superficie.

    Influyen factores como:

    • Profundidad de la sepultura.
    • Tipo de suelo.
    • Humedad.
    • Temperatura.
    • Presencia de raíces.
    • Actividad bacteriana.

    Los especialistas en arqueología forense pueden recuperar evidencias extremadamente valiosas a partir de la posición de los restos y las características del enterramiento.

    Cadáveres sumergidos en agua

    La inmersión modifica profundamente los fenómenos post mortem.

    Entre los hallazgos más frecuentes se encuentran:

    • Maceración cutánea.
    • Desprendimiento epidérmico.
    • Formación de adipocira.
    • Alteraciones por fauna acuática.

    La temperatura del agua influye de manera decisiva en la velocidad de descomposición.

    En algunos casos, la conservación puede ser sorprendentemente buena, especialmente en aguas frías.

    Esqueletización

    Cuando sólo quedan restos óseos, la estimación de la data de muerte se vuelve mucho más compleja.

    Los especialistas recurren a:

    • Estudios tafonómicos.
    • Análisis del suelo.
    • Estado de conservación ósea.
    • Acción de insectos y carroñeros.
    • Crecimiento de vegetación sobre los restos.

    La participación de antropólogos forenses suele ser indispensable.

    La entomología forense: los insectos como relojes biológicos

    Una de las herramientas más precisas en cadáveres en avanzado estado de descomposición es la entomología forense.

    Las moscas necrófagas colonizan los cuerpos siguiendo patrones relativamente predecibles.

    El estudio de:

    • Huevos.
    • Larvas.
    • Pupas.
    • Insectos adultos.

    permite estimar con notable precisión el intervalo post mortem, incluso cuando otros métodos ya no resultan útiles.

    En determinadas circunstancias, la entomología puede ofrecer estimaciones más exactas que la temperatura corporal o la rigidez cadavérica.

    Las nuevas tecnologías

    Actualmente se utilizan técnicas cada vez más sofisticadas:

    • Tomografía computada post mortem.
    • Estudios moleculares.
    • Análisis bioquímicos del humor vítreo.
    • Proteómica forense.
    • Datación mediante microbioma cadavérico.
    • Inteligencia artificial aplicada a modelos de descomposición.

    Estas herramientas prometen aumentar significativamente la precisión de las estimaciones en los próximos años.

    Conclusión

    La determinación de la hora de muerte continúa siendo una de las tareas más complejas de la medicina legal. Lejos de las series televisivas donde el forense suele indicar una hora exacta, la realidad científica obliga a trabajar con probabilidades e intervalos temporales.

    Cuando los homicidas intentan ocultar el cadáver mediante desmembramiento, incineración, enterramiento o inmersión, la dificultad aumenta considerablemente. Sin embargo, cada intento de ocultamiento deja rastros que pueden ser interpretados por médicos forenses, antropólogos, arqueólogos y entomólogos especializados.

    Paradójicamente, muchas veces las maniobras destinadas a borrar evidencias terminan generando nuevas pistas que permiten reconstruir los hechos y acercar a los investigadores a la verdad.

  • Qué son las enfermedades raras o poco frecuentes y los medicamentos huérfanos

    Enfermedades Raras

    Se considera que una enfermedad es rara, cuando su prevalencia poblacional, es inferior a 1 cada 2000 personas. La mayoría de los casos aparecen en la infancia ya que son enfermedades genéticas o anomalías congénitas pero su prevalencia es mayor en adultos debido a la alta mortalidad que tienen muchas de estas patologías infantiles graves y por otro lado la aparición tardía de algunas patologías en la vida adulta.

    El término de ER, se acuñó en EEUU en los años 80, siempre unido al concepto de medicamentos huérfanos, ambas terminología evolucionaron paralelamente con la finalidad de atender aquellas enfermedades de baja prevalencia y alta mortalidad que en su mayoría (80%) son de origen genético o congénito. Poco a poco el término se extendió a Europa, donde en diciembre 1999, se crearon los primeros planes comunitarios para la asistencia de este tipo de enfermedades. La comunidad Europea, definió a las enfermedades raras como aquellas cuya prevalencia es de 5 cada 10.000 habitantes. En Japón fueron más estrictos y consideraron a la ER cuando su prevalencia es inferior a 4 cada 10.000 habitantes e incluso menos de 2 cada 10.000 habitante. Reino Unido, Suecia y Dinamarca también disintieron con el criterio de la Unión Europea. Argentina adoptó el criterio de la UE de considerar ER aquellas enfermedades cuya prevalencia el igual o inferior a 1 caso cada 2000 habitantes.

    La Unión Europea también incluye en esta definición las condiciones raras (evolución o fenotipo diferente) de enfermedades no raras y añade un aspecto no ligado a la cifra de prevalencia, consistente en que tanto si es una enfermedad como una condición, debe tener un alto impacto en la mortalidad y/o producir graves deficiencias en la persona afectada.

    enfermedades raras1

    La mayoría de las enfermedades afectan a más de un órgano vital, presentan un alto grado de complejidad diagnóstica, tienen un curso clínico crónico y son progresivamente debilitantes. Algunas otras son compatibles con una calidad de vida aceptable siempre que se diagnostiquen a tiempo y se sigan adecuadamente. La esperanza de vida de todos estos pacientes está significativamente reducida.

    A menudo coexisten varias discapacidades, lo que acarrea múltiples consecuencias funcionales (la denominada multidiscapacidad o pluridiscapacidad). Estas discapacidades refuerzan la sensación de aislamiento y pueden ser una fuente de discriminación y reducir o destruir oportunidades educativas, profesionales y sociales. Por lo general son personas dependientes de sus familias y con calidad de vida reducida.

    Dificultades para el tratamiento de las Enfermedades Raras

    Debido al grado de complejidad, para el manejo de estas enfermedades es necesario un equipo interdisciplinario cuyos objetivos principales son reducir la morbilidad, evitar la mortalidad prematura, disminuir el grado de discapacidad tratando de mejorar la calidad de vida y el potencial socioeconómico de las personas afectadas.

    La investigación es escasa y muy dispersa en los pocos equipos de investigación que se dedican a este rubro, no siempre están bien coordinados.

    Por otro lado, la falta de políticas sanitarias específicas para las enfermedades raras y la escasez de experiencia generan retrasos en el diagnóstico y dificultades de acceso a la asistencia. Esto conduce a deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales adicionales. En ocasiones, se observa cómo este retraso diagnóstico ha evitado un acertado consejo genético y se producen más de un caso en una misma familia. Los tratamientos específicos no suelen ser algo habitual y en su defecto se aplican tratamientos inadecuados o incluso nocivos, que hacen perder la confianza en el profesional y en el propio sistema sanitario.

    Los problemas de estos pacientes y sus familiares no se limitan a los mencionados, sino que se amplifican al carecer de inversiones dirigidas a paliar de forma específica sus necesidades clínicas, de investigación y de necesidades sociales, y tanto en el ámbito público como en el privado8,9.

    En Argentina, estas enfermedades están reconocidas y protegidas por la ley 26.689 de 2011, donde promueva su investigación, la obligatoriedad de ser asistida por obras sociales y la formación de un listado, por lo cual se fundó en el año 2012, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), la cual ha elaborado un listado de EPF, el que se puede evaluar en la dirección http://fadepof.org.ar/listado_epof/e. Aún estamos lejos de lograr los objetivos propuestos por la ley

    Medicamentos Huérfanos

    MedHuerfanos

    En relación a los MEDICAMENTOS HUÉRFANOS, se los llama así a los productos farmacéuticos destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades raras. La realidad muestra que no son muchos los medicamentos realmente útiles para el tratamiento de estas patologías tan complejas. De todas formas, la mayoría de ellos, tienen un costo alto de fabricación y van destinados a grupos reducidos de pacientes por lo que no son considerados rentables, según lo cual, bajo condiciones normales de mercado, la industria farmacéutica tiene poco interés en desarrollar y comercializar este grupo de productos destinados a un pequeño número de paciente y de no existir incentivos económicos gubernamentales y de organizaciones de pacientes, no se fabricarían por que le darían pérdidas a la industria farmacéuticas.

    En Argentina, estos medicamentos están considerados en la disposición del ANMAT 4622/2012.

  • “No sirvo para esto”: el nuevo analfabetismo de la era digital

    Cuando la tecnología deja afuera a quienes más necesitan ayuda

    Introducción

    Durante años, la digitalización fue presentada como sinónimo de progreso. Bancos, obras sociales, organismos públicos y empresas prometieron trámites más rápidos, menos filas y mayor comodidad gracias a Internet y a las aplicaciones móviles.

    Sin embargo, detrás de esa idea moderna y eficiente apareció una realidad mucho menos visible: millones de personas comenzaron a quedar afuera del sistema.

    Hoy, para pedir un turno médico, cobrar una jubilación, validar la identidad, hacer un trámite bancario o acceder a un subsidio, muchas veces ya no alcanza con ser ciudadano. También hace falta tener:

    • un teléfono moderno,
    • conexión estable a Internet,
    • conocimientos digitales,
    • y capacidad para manejar aplicaciones cada vez más complejas.

    Para gran parte de los adultos mayores y de los sectores económicamente vulnerables, esto representa una barrera enorme.

    La consecuencia es silenciosa, pero profunda: personas que trabajaron toda su vida empiezan a sentir que ya no entienden el mundo que las rodea. Y aparece una frase que se repite cada vez más:

    “No sirvo para esto”.

    Ese sentimiento no es un problema individual. Es el resultado de una sociedad que avanza tecnológicamente sin adaptarse a las necesidades humanas reales.

    1. La brecha digital ya no es solo falta de internet

    Cuando se habla de “brecha digital”, muchas personas imaginan simplemente la falta de acceso a Internet. Pero el problema actual es mucho más complejo.

    La exclusión digital tiene al menos tres niveles.

    Falta de acceso

    El primero es el más evidente: no tener computadora, smartphone o conexión estable.

    Para muchos jubilados y familias de bajos recursos, comprar un teléfono capaz de soportar aplicaciones bancarias o estatales puede ser económicamente imposible.

    Además, la conectividad suele ser precaria:

    • datos móviles limitados,
    • teléfonos antiguos,
    • baterías dañadas,
    • pantallas rotas,
    • o dispositivos que ya no soportan nuevas actualizaciones.

    En la práctica, muchas personas quedan excluidas simplemente porque no pueden pagar el costo tecnológico mínimo para participar de la vida cotidiana.

    Falta de conocimientos digitales

    Tener un celular no significa saber usarlo. Muchas plataformas están diseñadas como si todos los usuarios fueran expertos en tecnología:

    • menús complejos,
    • códigos de validación,
    • claves,
    • reconocimiento facial,
    • captchas,
    • mensajes técnicos incomprensibles.

    Para un adulto mayor, esto puede convertirse en un verdadero laberinto. Y el problema no es falta de inteligencia ni de voluntad. El problema es que nadie enseñó esas habilidades de manera universal.

    Cuando la tecnología deja de ayudar y empieza a excluir

    La tecnología debería facilitar la vida. Pero para muchas personas ocurre exactamente lo contrario.

    Un trámite que antes se resolvía hablando con un empleado ahora puede transformarse en:

    • horas de frustración,
    • bloqueos de cuentas,
    • pérdida de turnos,
    • errores imposibles de corregir,
    • o miedo constante a equivocarse.

    La digitalización deja entonces de ser una herramienta de inclusión y se transforma en una barrera.

    2. Cuando hacer un trámite se vuelve imposible

    Uno de los mayores problemas actuales es que la burocracia no desapareció: Simplemente se volvió virtual.

    Antes, las personas hacían filas en oficinas públicas o bancos. Hoy hacen filas invisibles frente a una pantalla.

    La diferencia es que ahora, muchas veces, están completamente solas.

    El costo del trámite se trasladó al ciudadano

    Antes, las instituciones tenían empleados preparados para:

    • orientar,
    • completar formularios,
    • revisar documentación,
    • y corregir errores.

    Hoy gran parte de esa tarea recae sobre el usuario. Es el propio ciudadano quien debe:

    • tener el dispositivo adecuado,
    • pagar Internet,
    • sacar fotos correctas,
    • escanear documentos,
    • recordar claves,
    • descargar aplicaciones,
    • actualizar sistemas,
    • y resolver problemas técnicos.

    El ahorro de tiempo y dinero para las instituciones, muchas veces, se transforma en estrés y dependencia para las personas más vulnerables.

    Interfaces diseñadas para excluir

    Muchos sistemas digitales parecen olvidarse de algo básico: las personas envejecen.

    Las aplicaciones suelen exigir:

    • buena visión,
    • rapidez,
    • precisión motora,
    • lectura técnica,
    • y familiaridad con símbolos digitales.

    Pequeños detalles pueden transformarse en obstáculos enormes:

    • letras diminutas,
    • botones confusos,
    • códigos de error incomprensibles,
    • validaciones biométricas rígidas,
    • o sistemas que bloquean automáticamente al usuario.

    Lo que para un joven puede ser un simple inconveniente, para un adulto mayor puede convertirse en la imposibilidad total de acceder a un derecho básico.

    3. El nuevo analfabetismo digital

    Muchas personas mayores comienzan a sentir vergüenza frente a la tecnología. Después de varios intentos fallidos, aparece el miedo:

    • miedo a equivocarse,
    • miedo a bloquear la cuenta,
    • miedo a perder dinero,
    • miedo a ser estafados,
    • miedo a “tocar algo mal”.

    Y lentamente surge una idea dolorosa:

    “Esto ya no es para mí”.

    Ese es uno de los aspectos más crueles de la exclusión digital. La persona deja de sentirse capaz.

    De la frustración a la dependencia

    Cuando alguien no puede manejar sus propios trámites, inevitablemente empieza a depender de otros. Muchos adultos mayores deben recurrir constantemente a:

    • hijos,
    • nietos,
    • vecinos,
    • comerciantes,
    • o gestores informales.

    Esto genera pérdida de autonomía y también, pérdida de privacidad.

    Para cobrar una jubilación o pedir un turno médico, muchas veces deben entregar:

    • contraseñas,
    • datos bancarios,
    • claves fiscales,
    • información médica,
    • o documentos personales.

    La intimidad desaparece.

    La infantilización de los adultos mayores

    La dependencia tecnológica puede producir un fenómeno muy duro: la infantilización.

    Personas que durante décadas trabajaron, sostuvieron familias y tomaron decisiones importantes terminan necesitando ayuda para tareas básicas de la vida moderna.

    Eso afecta profundamente:

    • la autoestima,
    • la autonomía,
    • y el sentido de dignidad personal.

    Muchas veces el adulto mayor percibe, además, que “molesta” cuando pide ayuda. Ese sentimiento favorece el aislamiento y el silencio.

    4. La pobreza también tiene costo digital

    Existe una idea equivocada: pensar que Internet es barato o gratuito.

    En realidad, estar conectado cuesta dinero. Y muchas veces quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.

    El teléfono celular se volvió una necesidad básica

    Hoy un smartphone ya no es un lujo. Es prácticamente una herramienta obligatoria para:

    • acceder al banco,
    • validar identidad,
    • pedir turnos,
    • cobrar beneficios,
    • usar billeteras virtuales,
    • o comunicarse con organismos públicos.

    Pero los dispositivos modernos tienen precios inaccesibles para gran parte de la población.

    Además, la tecnología envejece rápidamente. Un teléfono que funcionaba hace dos años puede dejar de servir simplemente porque una aplicación ya no es compatible.

    La paradoja de la conectividad

    Los sectores más pobres suelen depender exclusivamente de datos móviles prepagos. Eso significa pagar Internet de forma fragmentada y más cara.

    Muchas personas deben elegir entre:

    • cargar saldo para hacer un trámite,
    • comprar medicamentos,
    • pagar alimentos,
    • o cubrir necesidades básicas.

    La digitalización obligatoria, termina entonces profundizando desigualdades económicas ya existentes.

    5. Cómo construir una digitalización más humana

    La solución no consiste en rechazar la tecnología. El verdadero desafío es humanizarla.

    El derecho a la atención presencial

    Los trámites esenciales deberían conservar siempre una alternativa humana y presencial.

    Nadie debería quedar excluido de:

    • la salud,
    • la jubilación,
    • la identidad,
    • o la asistencia social
      por no saber usar una aplicación.

    La atención presencial no es un atraso. Es una forma de inclusión y cuidado.

    Diseñar pensando en las personas reales

    Las plataformas digitales deberían adaptarse especialmente a quienes tienen más dificultades.

    Eso implica:

    • lenguaje claro,
    • letras más visibles,
    • instrucciones simples,
    • sistemas menos punitivos,
    • y alternativas cuando la validación biométrica falla.

    La tecnología debe ayudar al usuario, no castigarlo.

    Alfabetización digital con acompañamiento humano

    Muchas personas mayores sí quieren aprender. Lo que necesitan no es presión ni humillación, sino paciencia y acompañamiento.

    Los programas de alfabetización digital deberían desarrollarse en:

    • centros de jubilados,
    • clubes barriales,
    • bibliotecas,
    • centros comunitarios,
    • y espacios de cercanía.

    No para convertir a los adultos mayores en expertos informáticos, sino para devolverles autonomía y seguridad.

    Conclusión

    La exclusión digital no es solamente un problema tecnológico. Es un problema humano, social y ético.

    Cuando una persona no puede acceder a sus derechos por no entender una aplicación, la tecnología deja de ser progreso y se transforma en una nueva forma de desigualdad (*).

    La verdadera modernización no consiste en eliminar personas detrás de una pantalla. Consiste en construir sistemas más accesibles, más empáticos y más humanos.(*)

    Porque una sociedad realmente avanzada no es la que digitaliza todo. Es la que no deja a nadie atrás.

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    Riesgo judicial en el Fuero Laboral: Definición. Grietas del sistema

    En el contexto de la justicia laboral de Argentina, se entiende por riesgo judicial a la contingencia derivada de decisiones judiciales adversas para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) o empleadores, incluso en aquellos casos en los que las demandas promovidas por los trabajadores carecen de sustento médico, legal o fáctico verificable.

    Este riesgo se ve incrementado cuando se judicializan patologías que:

    • No cumplen con los criterios clínicos, diagnósticos o epidemiológicos reconocidos para ser consideradas enfermedades profesionales o accidentes laborales.
    • No presentan nexo de causalidad laboral demostrable.
    • Han sido previamente rechazadas por las comisiones médicas conforme a la normativa vigente, y aun así obtienen fallos favorables en sede judicial.

    Entre los factores que agravan este tipo de riesgo se incluyen:

    • La utilización de pericias médicas con escasa fundamentación científica o deficiente imparcialidad.
    • La ausencia de mecanismos eficaces de control y sanción frente a la litigación temeraria o fraudulenta.
    • La existencia de incentivos económicos y profesionales para fomentar la litigiosidad, por parte de ciertos actores del sistema.

    El riesgo judicial, en este sentido, representa una amenaza a la sostenibilidad técnica, económica y actuarial del sistema de riesgos del trabajo, afectando la equidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica del régimen. Asimismo, genera un efecto multiplicador que distorsiona el verdadero objeto del sistema: la reparación pronta y justa de los daños laborales reales.

    Jurisprudencia Relevante

    1. Rechazo de Patologías Preexistentes: La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó una sentencia que admitía una demanda por enfermedades preexistentes al ingreso de la trabajadora, destacando que las patologías reclamadas eran anteriores y habían sido aceptadas por la accionante en el examen preocupacional.
    2. Incongruencias en el Relato del Accidente: El mismo tribunal confirmó el rechazo de una demanda al no comprobarse la existencia de un accidente de trabajo, debido a las graves incongruencias entre el relato de los hechos y las patologías denunciadas. escuelajudicial.justiciacordoba.gob.ar
    3. Enfermedades No Listadas y Maltrato Laboral: En el caso «E. D. H. c/ Asociart ART S.A.», la Cámara del Trabajo de Mendoza admitió una demanda contra una ART al comprobarse que la diabetes padecida por el actor tuvo relación de causalidad con el ejercicio abusivo del ius variandi y los malos tratos proferidos por sus superiores.
    4. Consideración de Infarto como Accidente de Trabajo: La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba condenó a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) por las consecuencias sufridas por uno de sus trabajadores a raíz de un infarto agudo de miocardio mientras prestaba tareas, y revocó así la resolución que no lo había considerado un accidente de trabajo. Comercio y Justicia

  • Restricción de la capacidad jurídica – Insania

    La restricción de la capacidad jurídica, antiguamente conocida como insania, es un término jurídico y médico-legal que hace referencia a una situación legal en la que una persona, debido a una enfermedad mental, tiene limitada su capacidad para ejercer ciertos derechos o realizar determinadas acciones. En términos psiquiátricos, se asocia con patologías como la esquizofrenia, psicosis graves, demencias avanzadas y otros trastornos de la personalidad severos.

    Implicancias médico-legales de la insania

    1. Inimputabilidad penal: Una persona declarada insana puede ser eximida de responsabilidad penal si se demuestra que, al momento del hecho, no tenía conciencia de sus actos ni capacidad de autodeterminación.
    2. Capacidad civil: La insania puede llevar a la declaración de incapacidad civil, lo que impide a la persona gestionar sus bienes, celebrar contratos o tomar decisiones médicas sin la intervención de un curador o representante legal.
    3. Internaciones involuntarias: En casos de insania peligrosa para sí mismo o para terceros, la ley puede autorizar la internación psiquiátrica involuntaria bajo estrictos controles judiciales y médicos.
    4. Revisión de actos jurídicos: Si una persona fue declarada insana, sus actos jurídicos previos (como testamentos o contratos) pueden ser impugnados por nulidad.
    5. Seguros e indemnizaciones: En algunos casos, la insania puede influir en la cobertura de seguros o en la concesión de beneficios previsionales por invalidez.

    Este concepto es fundamental en la medicina legal y en el derecho para garantizar el respeto de los derechos de las personas con trastornos mentales y proteger los intereses de la sociedad.

    En Argentina, la insania es una figura jurídica que se refiere a una incapacidad mental persistente que impide a una persona ejercer por sí misma sus derechos y obligaciones. Esta situación se evalúa y determina judicialmente, con intervención de médicos y conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación y otras normativas complementarias.

    ¿Cómo se determina la insania?

    1. Inicio del proceso

    • Lo puede iniciar un familiar, tutor, curador, el propio interesado, o el Ministerio Público (Defensor de Incapaces).
    • Se presenta una demanda de restricción de la capacidad jurídica, que incluye los motivos y pruebas iniciales.

    2. Intervención judicial

    • El juez ordena un examen interdisciplinario (médico, psicológico, social) y designa peritos (generalmente de la justicia) para evaluar a la persona.
    • El proceso debe respetar los derechos humanos y las garantías procesales del examinado.

    3. Evaluación pericial

    • Se busca determinar si la persona tiene trastornos mentales persistentes que afecten su capacidad para comprender, razonar y actuar voluntariamente.
    • El equipo interdisciplinario analiza la situación médica, el contexto familiar, social y económico.

    4. Audiencia

    • El juez realiza una audiencia en la que el examinado puede expresarse por sí mismo o a través de un abogado defensor.
    • El Ministerio Público (generalmente un defensor público) también participa para resguardar los derechos del interesado.

    5. Sentencia

    • Si se comprueba la existencia de una incapacidad mental duradera, el juez puede dictar una:
      • Restricción parcial de la capacidad jurídica: la persona puede hacer algunas cosas por sí sola y otras con apoyo o autorización judicial.
      • Restricción total: en casos graves, con nombramiento de un curador que representará legalmente al afectado.
    • La declaración de insania como tal (término tradicional) ha sido reemplazada en el nuevo Código por la determinación de restricciones a la capacidad, de acuerdo con estándares de derechos humanos.

    6. Revisión periódica

    • Las restricciones no son definitivas. Deben revisarse cada 3 años como máximo, o antes si hay una mejora en la salud mental de la persona.

    Base legal

    • Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) – vigente desde 2015. Reemplaza el concepto tradicional de “insania” por el de capacidad jurídica con apoyos y restricciones proporcionales.
    • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) – con jerarquía constitucional en Argentina.

    En Argentina, el número de profesionales de la salud que deben participar en una evaluación para determinar la insania (hoy, «restricción a la capacidad jurídica») depende del Código Procesal Civil y Comercial de cada jurisdicción. Sin embargo, hay pautas comunes y principios generales, especialmente tras la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación (vigente desde 2015).

    En general:

    • Se exige una evaluación interdisciplinaria.
    • Participan al menos dos médicos, uno de los cuales debe ser psiquiatra o neurólogo.
    • En algunas jurisdicciones, se requiere además un psicólogo.

    Por ejemplo:

    Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CABA y Justicia Federal)

    • Art. 624: el juez debe ordenar una junta médica, integrada por tres profesionales como mínimo, generalmente:
      • Dos médicos psiquiatras o un psiquiatra y un neurólogo.
      • Un psicólogo.
    • También puede intervenir un trabajador social si se considera necesario.

    En la Provincia de Córdoba, el proceso de restricción de la capacidad jurídica (antes llamado “insania”) está regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, y se complementa con lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación y los estándares internacionales de derechos humanos.

    Según el artículo 695 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, para los procesos sobre capacidad, el juez debe ordenar una junta médica compuesta por tres profesionales:

    • Dos médicos psiquiatras (o un psiquiatra y un neurólogo).
    • Un psicólogo.

    Texto del artículo 695 (resumido):
    “El juez ordenará que el presunto incapaz sea examinado por una junta compuesta por dos médicos psiquiatras y un psicólogo. Si se estima necesario, podrá ampliarse la integración de la junta.”

    Además, pueden solicitarse informes complementarios de asistentes sociales u otros especialistas si se requiere una evaluación más integral.


    Otras jurisdicciones (provinciales)

    • En líneas generales, exigen una evaluación por al menos dos médicos, con posibilidad de ampliar el equipo.
    • Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, el Código Procesal establece que:
      • La evaluación debe realizarse por una junta médica.
      • En la práctica, suelen participar: psiquiatra, psicólogo y neurólogo, más informes sociales.

    Además:

    • La evaluación debe cumplir con estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
    • Se requiere un informe detallado, fundado y actualizado, con base científica y centrado en las capacidades funcionales del evaluado, no solo en el diagnóstico.

    Qué es un curador?

    El curador es la persona designada por un juez para asistir o representar legalmente a otra persona cuya capacidad jurídica ha sido restringida por razones de salud mental u otras causas que le impiden ejercer plenamente sus derechos.

    ¿Qué hace un curador?

    Su función depende del grado de restricción de la capacidad:

    Curador asistente (en restricciones parciales):

    • Acompaña al curado en ciertos actos jurídicos (por ejemplo, administrar bienes, firmar contratos, etc.).
    • No reemplaza a la persona, sino que la asiste y protege.

    Curador representante (en restricciones totales):

    • Actúa en nombre del curado en todos los actos jurídicos necesarios.
    • Su rol es más amplio, pero siempre debe rendir cuentas al juez.

    ¿Quién puede ser curador?

    Según el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 138-146):

    • Preferentemente se elige a:
      • Cónyuge o conviviente.
      • Hijos.
      • Padres o hermanos.
    • Si no hay familiares adecuados, puede nombrarse a un curador oficial (funcionario del Estado).
    • El juez elige a quien considere más idóneo y confiable, teniendo en cuenta la voluntad y preferencias de la persona restringida, si puede expresarlas.

    ¿Qué obligaciones tiene?

    El curador debe:

    • Actuar con diligencia y buena fe.
    • Administrar correctamente los bienes del curado.
    • Rendir cuentas regularmente ante el juez.
    • Respetar la autonomía progresiva de la persona, promoviendo su participación en las decisiones.

    Importante:

    Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (2015) y en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se considera que:

    “La capacidad jurídica es un derecho humano, y las restricciones deben ser excepcionales, proporcionales y revisadas periódicamente.”

    Por eso, el rol del curador hoy debe enfocarse más en el apoyo a la autonomía que en la sustitución de la voluntad.

    Funciones del Curador según el tipo de restricción judicial de las personas

    Obligaciones generales del curador (en todos los casos):

    • Respetar la dignidad y preferencias de la persona.
    • Rendir cuentas periódicamente ante el juez.
    • Administrar los bienes con transparencia y responsabilidad.
    • Favorecer siempre la autonomía progresiva.