Posiciones forzadas y actos repetitivos como agentes de riesgo reconocidos en la normativa de enfermedades profesionales en Argentina

Artículo de opinión

En los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, la crisis de salud mental no es una abstracción teórica, sino una tragedia cotidiana que desborda los hogares. Familias sin recursos asisten con impotencia al colapso de sus seres queridos en crisis psicóticas o consumos problemáticos, atrapadas en un sistema que, bajo una supuesta defensa de la autonomía, termina por abandonar al enfermo a su suerte. La ley actual, en su afán por proteger derechos individuales, ha generado un desamparo real donde la libertad se confunde con la desidia estatal. La modificación del Artículo 20, de la Ley de salud mental 26.657, no constituye un retroceso; es una herramienta humanista y pragmática, indispensable para garantizar la intervención oportuna en escenarios donde el «riesgo cierto e inminente» se ha transformado en un obstáculo burocrático que impide salvar vidas.

Del «Riesgo Cierto» a la Protección Grave: Un Cambio de Paradigma Necesario

El núcleo de la reforma propone sustituir el criterio de «riesgo cierto e inminente» por el de «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física». Desde la práctica clínica y la medicina legal, entendemos que la formulación vigente ha fracasado por sus dificultades interpretativas. ¿Cómo determinar la inminencia absoluta ante la volatilidad de un brote psicótico? Esta ambigüedad ha paralizado a los equipos de salud, fomentando una medicina defensiva o la inacción técnica por temor a represalias legales.

La nueva redacción busca ser más abarcativa y clarificadora, otorgando al profesional la seguridad jurídica necesaria para actuar antes de que el daño sea irreversible. No obstante, es imperativo advertir que el debate sobre la conjunción «o» en fórmulas como «riesgo grave, cierto o inminente» exige una aplicación ética rigurosa para evitar hospitalizaciones preventivas innecesarias, manteniendo siempre el foco en la protección efectiva de la integridad del paciente y de terceros.

La Ciencia al Frente: El Nuevo Rol de la Psiquiatría

Un cambio técnico fundamental es la transición terminológica: el proyecto reemplaza el concepto genérico de «padecimiento mental» por el de «afección o trastorno de salud mental». Esta precisión no es meramente semántica; alinea la ley con clasificaciones diagnósticas internacionales y permite una jerarquización del saber médico-psiquiátrico dentro del equipo interdisciplinario. La reforma establece que uno de los dos firmantes de la internación debe ser, obligatoriamente, un médico psiquiatra.

Esta medida no anula la interdisciplina, sino que le otorga una responsabilidad técnica clara a quien posee la formación específica para diagnosticar trastornos complejos. Asimismo, el proyecto muestra un realismo geográfico necesario: en zonas con recursos limitados, se permite la internación por un solo médico en casos excepcionales, siempre que la decisión sea revalidada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas, asegurando que la urgencia clínica no sea rehén de la falta de personal especializado en el interior del país.

Salud, Pobreza y Adicciones: El Estado como Garante de la Paz Social

La intersección entre salud mental y pobreza es un factor que no podemos soslayar. En contextos de vulnerabilidad, los trastornos y adicciones no tratados derivan frecuentemente en conductas delictivas, no por una naturaleza criminal, sino como consecuencia del deterioro del juicio o la necesidad de financiar consumos. Aquí, el Estado debe intervenir bajo la premisa de que la salud mental es un componente de la paz social.

El proyecto refuerza el «Deber de Cuidado» de las familias, estableciendo que la asistencia financiera no las exime de su responsabilidad de acompañamiento y supervisión. De hecho, se introduce una exigencia operativa crítica: la presencia de los familiares es un requisito obligatorio al momento del alta para formalizar la salida del paciente. Esta medida busca reconstruir el lazo social y asegurar que el alta no sea, en la práctica, una expulsión a la calle sin red de contención.

El Desafío del Financiamiento: Entre la Ambición y la Realidad

Aunque el proyecto mantiene el objetivo histórico del 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental, observamos con preocupación que la redacción sobre la cooperación entre Nación y provincias ha pasado de ser «técnica y financiera» a una más general «cooperación de la Nación». Esta vaguedad conlleva el riesgo de una fragmentación del sistema si no se garantiza un esquema de recursos robusto y federalmente distribuido. Según el proyecto, el financiamiento debe priorizar áreas críticas como:

• Dispositivos ambulatorios obligatorios: Al menos dos por hospital, para evitar que la internación sea la única respuesta posible.
• Planes de inserción socio-laboral: Coordinados con el Ministerio de Capital Humano para devolver la dignidad a través del trabajo.
• Red de servicios comunitarios y capacitación permanente: Elevando los estándares de los equipos de salud en todo el territorio.

Garantías y Controles: El Órgano de Revisión en la Encrucijada

La reconfiguración del Órgano de Revisión (OR) plantea tensiones institucionales evidentes. El proyecto modifica su composición: ahora participarán asociaciones de familiares (en lugar de «usuarios») y ONGs especializadas estrictamente en la temática de salud mental, desplazando a las organizaciones de derechos humanos de perfil generalista. Sin embargo, preocupa la pérdida de facultades clave, como la capacidad de denunciar magistrados ante el Consejo de la Magistratura o de proponer reformas legislativas.

Por otro lado, el Artículo 35 propone un registro permanente de personas internadas que colisiona con el derecho a la intimidad. Frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que exige el consentimiento informado, la implementación de este registro debe ser sumamente cautelosa. La Ley de Derechos del Paciente (26.529) y la de Protección de Datos Personales (25.326) prohíben la divulgación de información sensible sin autorización del titular, lo que podría limitar este registro a fines puramente estadísticos y anónimos.

Conclusión: Un Futuro Basado en la Honestidad Médica

La reforma del sistema de salud mental en Argentina representa un avance hacia un modelo más pragmático y efectivo, que intenta resolver la parálisis técnica que afecta a nuestros profesionales. Al equilibrar las garantías individuales con la necesidad de una intervención clínica oportuna, buscamos una libertad real, que no es otra que la posibilidad de recuperarse y vivir con dignidad.

Frente a la crisis actual, el compromiso con la seguridad social y la ética médica nos obliga a reflexionar: ¿Podemos seguir sosteniendo un ideal de libertad que, en la práctica, condena al enfermo mental más vulnerable al abandono y a la calle? La honestidad intelectual nos dicta que el cambio es imperativo.

Dra. María Torres Mariano