El certificado de defunción

Errores en la confección del Certificado Médico de Defunción

A raíz de acontecimientos recientes donde un niño de solo 7 años murió supuestamente de desnutrición, tuberculosis y Chagas, en los medios se mostró teóricamente, un certificado de defunción donde no se especificaba de manera clara, la causa de fallecimiento. Esto vuelve poner en la palestra la metodología con que los médicos argentinos confeccionan el certificado médico de defunción (CMD).

En relación al certificado médico que volvió a levantar la polvareda, fue un certificado que se mostró en algunos periódicos de los primeros días de enero de 2015, el cual se fotocopia a continuación (figura 1).

FIGURA 1

acta_de_defuncion_392x600El documento publicado, de hecho, no es un certificado de defunción oficial, realizado por un médico. En primer lugar, porque cuando coloca la causa de muerte solo asienta la palabra “Enfermedad”, sin mencionar ninguna lesión responsable del deceso. En segundo lugar está firmado supuestamente por el padre del niño (Claudio Femenias) y no existe CMD firmado por un no médico o un familiar.

No vamos a entrar en la polémica si hay o no orden de algunos gobernantes, de ocultar ciertas enfermedades como causas de muerte, lo que he visto durante todos los años de mi carrera profesional en la actividad estatal, es que en primer lugar los médicos de instituciones públicas, no son tan sumisos, que si bien como en toda la población hay obsecuentes, la mayoría de ellos se sienten muy tranquilos por su estabilidad laboral y no aceptan presiones que los obliguen a faltar a sus responsabilidades profesionales o realizar cosas que no quieren hacer y mucho menos de manera gratuita. Lo que si creo es que muchas veces, por desconocimiento de la relevancia médico legal de la emisión de dicho documento, la subestimación de la importancia estadística del diagnóstico como causa de muerte o simplemente por negligencia, se ha usado y abusado de términos que no explican exactamente las enfermedades que causaron la muerte, p. e. paro cardiorrespiratorio

Como es conocido, la palabra certificado, del verbo certificar, viene del latín, “certificare” que significa: asegurar, afirmar, dar por cierto algo, que en manos médica siempre se refiere a temas de salud y en este caso particular asegura que un ser humano nacido vivo, no tiene vida al momento del examen del profesional, con toda la implicancia legal, judicial y estadística que esto significa.

No hay que confundir la certificación de la muerte de un ser humano con el CMD. Lo primero certifica exclusivamente la falta de signos vitales en un individuo, sin especificar la causa del mismo y todos los médicos estamos obligados a realizarlo, cuando somos llamados a la hora que sea por este motivo. Por otro lado, el CMD, certifica más allá del fallecimiento, el diagnóstico de las enfermedades que llevaron el proceso hacia la muerte, este último certificado, no todos los médicos están obligados ni habilitados a realizar, solo aquellos que conocen de manera efectiva, los procesos patológicos que concluyeron con la vida del paciente. Por ejemplo, puede ocurrir que los convivientes y/o allegados de un convaleciente, llamen a un servicio de emergencia médica por considerar que este ha fallecido; estos galenos, efectivamente certifiquen las falta de signos vitales pero se nieguen a confeccionar el CMD por no conocer al paciente ni los antecedentes médicos del mismo y se deba convocar al medico de cabecera o al medico de familia y de no disponer de ellos,  debería realizársele una autopsia que permitiría establecer la causa cierta de la muerte.

Como es conocido por todos, hay dos tipos básicos de diagnósticos de muerte, por causa naturales y no naturales (causas judiciales). Causas naturales son todas aquellas muertes devenidas de procesos patológicos internos: infecciones, cánceres, cardiopatías, neumopatías etc.. Las causas no naturales o judiciales son aquellas muertes por causas externas, entre ellas podemos mencionar: accidentes (domésticos, laborales, de tránsito, etc.) o criminales (homicidios, suicidios, envenenamientos, lesiones por armas blancas, armas de fuego, etc.).

No es objeto de este informe, la confección del CMD de las causas de muerte judiciales, que en general son patrimonio de los médicos forenses, sino que el objetivo es exclusivamente, revisar los diagnósticos utilizados por los médicos asistenciales, en la elaboración del CMD, cuando la muerte ocurre por causas NATURALES.

Hay dos premisas que quisiera remarcar sobre el CMD, por un lado, no es una urgencia médica, es decir, que si ya se conoce que el paciente a muerto y si se llama al médico de cabecera para que firme el CMD, este puede terminar con los turnos del consultorio y recién concurrir al domicilio del fallecido a confeccionar el certificado. En segundo lugar, que ningún médico está obligado a realizarlo, si no conoce exactamente la causa de muerte, por no haber intervenido en el tratamiento de la enfermedad que llevó al paciente al deceso o no disponer de documentación confiable al respecto.

En los casos en que el médico está habilitado a la confección del certificado, porque es el médico de cabecera, porque participó del proceso de éxitus, porque dispone de documentación fiable, porque el cadáver no presenta ningún signo de muerte judicial, etc., etc., hay que cumplir con las formalidades protocolares, llenando el formulario oficial para este fin, que en líneas generales, sigue las instrucciones de la OMS (World Health Organization, 1980. publicación nº: 924356062X) (figura 2).

Los diagnósticos que se deberían usar para llenar este formulario son los que se encuentran codificados en la Décima Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE 10). Cabe recordar que una de las raíces históricas de la CIE 10, en el siglo XII,  fue la Lista Internacional de Causas de Muertes, que los médicos fueron implementando,  para conocer de qué se morían las personas y poder actuar en consecuencia. A pesar de las imperfecciones de esas primitivas listas, eran tan evidentes las ventajas a la hora de protocolizar las estadísticas médicas, que se decidió ampliar el listado a todas las causas de morbilidad creándose la Clasificación Internacional de Causas de Enfermedad y Muerte” (CIE). Cuando en 1948 se creó la 1ª Asamblea Mundial de Salud, (OMS), se le solicitó a esta organización que se hiciera cargo de la revisión, planificación y actualización del listado, dando origen a la CIE. Es decir que este listado codificado, nació, en un principio, para protocolizar estadísticamente las causas de muerte, es por esto, que es de relevancia que se emplee esta clasificación para llenar el formulario de CMD, que permite unificar mundialmente la denominación médica estadística.

FIGURA 2:  MODELO INTERNACIONAL DE CERTIFICADO MEDICO DE CAUSA DE DEFUNCION

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Volviendo a la confección del formulario oficial del CMD, se puede ver que en el primer punto, «Causas de defunción», tiene dos ítems, el primero, I a), es para asentar la causa última o directa de la muerte, pero como bien se indica en el asterisco, no es para colocar el mecanismo de la muerte, por ejemplo “paro cardiorespiratorio”, sino se debe colocar “la enfermedad, lesión o complicación que causó el fallecimiento”, por ejemplo shock cardiogénico, infarto de miocardio, neumonía, edema agudo de pulmón, etc.. Quisiera insistir en el concepto, en que no se debe usar  como causa  directa de muerte, el término «PARO CARDIORRESPIRATORIO»; este término no está codificado en el CIE 10, no es una causa de muerte y podríamos decir más precisamente, que es una consecuencia de la muerte.

En el punto I b) y I c) (y las letras sucesivas si fueran necesarios), se debe asentar cuando la causa directa de la muerte (I a) es a consecuencia de una segunda patología y esta a su vez de una tercera, p. e. I a): Accidente Cerebrovascular, debido a I b): Hipertensión Arterial

Puede suceder que la lesión o patología que causó directamente la muerte, no sea debido a ninguna otra causa y por lo tanto en los ítems I b) y c) no consignarse nada, p e: I a): Neumonía de la comunidad.

En el punto II, se debe asentar, si existiera, otra patología que pudo haber contribuido de alguna manera a la causa de muerte pero no de manera directa, p e: I. a) Asfixia por vómito; I. b) Accidente Cerebrovascular; I c) Hipertensión Arterial y en II: Insuficiencia Cardíaca Congestiva. Por último en la columna de la derecha, debe asentarse el tiempo trascurrido desde el diagnóstico de las patologías mencionadas hasta la muerte.

En relación al niño Feminas, si bien no se conoce públicamente la historia clínica evolutiva de las patologías del niño y solo en el campo de las suposiciones podríamos decir que: el niño debido a su desnutrición tenía una la disminución de sus defensas inmunológicas que facilitó la infección tuberculosa que le ocasionó la muerte. Esta condición se vio favorecida aparte por una cardiopatía chagásica. Siempre en el campo de las hipótesis, a la hora de completar el certificado médico de defunción, podríamos asentar:

I. a) Infección tuberculosa (A15)                                                 6 meses

I. b) Desnutrición (E43)                                                                 7 años

II.   Enfermedad de Chagas (E57)                                                5 años

Sería relevante que aparte del diagnostico médico, se agregara el código correspondiente a la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), para facilitar la elaboración estadística de las causas de muerte en la Argentina, para lo cual, se debe tener en cuenta como tal, la patología mencionada en el último punto del ítem I. Considerando el caso del niño que nos convoca, si la hipótesis se confirmara, sería la Desnutrición (E43) la causa efectiva de muerte.

A manera de conclusión, diría que no se debería aceptar administrativamente, nunca mas, un CMD que asiente como causa de muerte, PARO CARDIORRESPIRATORIO.

BIBLIOGRAFIA

  1. http://whqlibdoc.who.int/publications/924356062X.pdf
  2. http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/Modelo-Formularios-Instructivos-Estadisticas-Vitales.pdf
  3. http://campuscitep.rec.uba.ar/pluginfile.php?file=%2F23401%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2Fcertificacion.pdf
  4. http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=28397
  5. http://www.deis.msal.gov.ar/certificacion/certificacion.pdf
  6. http://www.deis.gov.ar/Capacitacion/formularios/defuncion.pdf

 

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    En este marco, el médico de cabecera no solo trata, sino que protege y previene.

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    La actividad del médico de cabecera varía notablemente según el contexto donde se desempeñe:

    En zonas urbanas:

    • Puede trabajar en centros de atención primaria, consultorios, obras sociales o sistemas prepagos.
    • En barrios de mayor vulnerabilidad, enfrenta problemáticas sociales como hacinamiento, violencia, adicciones o enfermedades relacionadas con la pobreza.
    • A menudo es el único profesional accesible para mujeres embarazadas o niños cuyos recursos impiden acudir a un especialista.

    En zonas rurales:

    • Suele ejercer de manera más autónoma, con menos recursos tecnológicos y apoyo profesional.
    • Atiende urgencias, realiza pequeñas intervenciones, asiste partos y controla patologías crónicas.
    • Recorre largas distancias para visitar a pacientes, muchos de ellos ancianos o sin movilidad.

    Formación continua: clave de una atención actualizada

    La medicina general exige un aprendizaje constante, dado que el espectro de patologías y problemáticas es amplísimo. La participación en:

    • Cursos de actualización
    • Publicaciones científicas
    • Seminarios interdisciplinarios
    • Redes colaborativas con otros médicos

    …le permite al médico de cabecera mantenerse al día, mejorar su capacidad resolutiva y trabajar en equipo, evitando el aislamiento profesional.

    La elección del médico de cabecera no debe basarse únicamente en su cercanía física o costo. Algunos criterios fundamentales son:

    • Competencia profesional: capacidad diagnóstica, buen criterio terapéutico y honestidad en las derivaciones.
    • Continuidad asistencial: evitar cambiar de médico con frecuencia mejora la calidad del seguimiento clínico.
    • Comunicación efectiva: saber explicar y escuchar es tan importante como recetar.
    • Ética y compromiso: el respeto por la autonomía del paciente, la confidencialidad de la información y el trato humano son esenciales.

    No es recomendable elegir un médico solo por su aspecto, por su forma de recetar, ni por su disponibilidad inmediata. La calidad del vínculo y su profesionalismo a largo plazo son lo que marcan la diferencia.

    Conclusión

    El médico de cabecera es mucho más que un profesional de guardia o un prestador ocasional. Es un aliado estratégico en el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. Su rol debe ser reconocido, fortalecido y valorado como pieza clave en la medicina moderna, especialmente en contextos donde la fragmentación del sistema y la deshumanización del acto médico amenazan con convertir al paciente en un número más.

    Invertir en médicos de cabecera formados, empáticos y comprometidos es invertir en salud de calidad, accesible y sostenible para todos.

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    Ludopatía en niños y adolescentes: la nueva amenaza digital desde la primera infancia

    Introducción: El rostro cambiante de la ludopatía

    Durante décadas, la ludopatía fue considerada un trastorno que afectaba mayoritariamente a adultos, especialmente varones, relacionados con juegos de azar tradicionales como casinos, loterías o apuestas deportivas. Sin embargo, la expansión de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente este panorama. Hoy, niños y adolescentes están expuestos desde edades cada vez más tempranas a juegos en línea que integran mecánicas adictivas, lo que ha generado una nueva generación de jugadores problemáticos que no acuden a un casino, pero que pueden pasar horas frente a una pantalla sin control.

    ¿Qué es la ludopatía? Definición y criterios diagnósticos en menores

    La ludopatía, o trastorno por juego, es reconocida como una adicción comportamental. El DSM-5* (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) la incluye en la misma categoría que los trastornos por uso de sustancias. Se caracteriza por una conducta persistente, recurrente y desadaptativa relacionada con el juego, pese a sus consecuencias negativas.

    En niños y adolescentes, el diagnóstico se complica por la dificultad para distinguir entre un uso intensivo y un uso patológico, y por la variabilidad en su desarrollo emocional y cognitivo. No obstante, se utilizan criterios adaptados que incluyen: pérdida de control, deterioro en el funcionamiento familiar, académico o social, y tolerancia creciente.

    La infancia digital: uso de pantallas desde edades tempranas

    Estudios recientes muestran que muchos niños comienzan a interactuar con dispositivos digitales antes de los 2 años****. El uso de tabletas y smartphones se ha convertido en una herramienta común para entretener, calmar o premiar a los más pequeños. Esta normalización tiene consecuencias significativas:

    • Se favorece la gratificación inmediata, limitando la tolerancia a la frustración.
    • Se desarrolla un patrón de consumo digital que prioriza lo lúdico sobre otras formas de juego.
    • Se genera un entorno propicio para la exposición precoz a mecánicas de recompensa, base de muchas conductas adictivas.

    Mecanismos neurobiológicos del enganche al juego

    La ludopatía, como otras adicciones, está estrechamente relacionada con el sistema de recompensa cerebral, en particular la dopamina, neurotransmisor clave en la motivación, la recompensa y el aprendizaje. En niños y adolescentes, este sistema se encuentra en desarrollo y es altamente sensible.

    La exposición temprana y repetida a juegos que activan constantemente este circuito puede modificar la forma en que el cerebro responde al placer, reduciendo el interés por otras actividades no digitales y aumentando la necesidad de estimulación constante. Esto los convierte en una población neurobiológicamente vulnerable.

    Videojuegos, apuestas online y juegos «freemium»: una frontera difusa

    Los videojuegos modernos integran cada vez más características similares a los juegos de azar:

    • Loot boxes (cajas de recompensa aleatoria).
    • Pases de batalla y sistemas de recompensa progresiva.
    • Microtransacciones que permiten comprar mejoras o contenidos exclusivos.

    Estos elementos están presentes en juegos masivamente populares entre menores como FIFA, Fortnite, Roblox o Clash Royale. Aunque no se trata de apuestas en el sentido legal, sí generan una dinámica de «juego de azar» que refuerza el comportamiento compulsivo y el deseo de invertir tiempo (y dinero) para obtener recompensas virtuales.

    Influencia del entorno familiar y social

    El contexto en el que los niños crecen influye de forma decisiva en sus hábitos digitales. Padres que delegan en las pantallas el entretenimiento o el cuidado de los hijos, o que no imponen límites claros, favorecen el uso excesivo.

    Además, los influencers y youtubers promocionan constantemente juegos, sorteos y plataformas que mezclan entretenimiento con gasto económico, muchas veces sin advertencia clara. Los adolescentes, movidos por el deseo de pertenencia y validación social, pueden sentirse presionados a participar y gastar para «no quedarse fuera».

    Señales de alarma en niños y adolescentes

    Reconocer los signos tempranos de un posible trastorno por juego es esencial. Algunas señales de alerta incluyen:

    • Irritabilidad o ansiedad cuando no pueden jugar.
    • Mentiras sobre el tiempo que pasan frente a la pantalla o sobre gastos.
    • Descenso en el rendimiento escolar.
    • Aislamiento social y pérdida de interés en otras actividades.
    • Problemas de sueño y salud física.

    La intervención temprana puede evitar el desarrollo de un cuadro clínico más grave.

    Consecuencias a corto y largo plazo

    Las consecuencias de la ludopatía en menores no son únicamente económicas. También afectan:

    • El desarrollo emocional y social, limitando la empatía, la autorregulación y las habilidades interpersonales.
    • La salud mental, con mayor riesgo de ansiedad, depresión y baja autoestima.
    • El rendimiento académico, debido a la falta de concentración, el cansancio y la desmotivación.
    • La relación familiar, que puede volverse conflictiva o distante.

    A largo plazo, aumenta el riesgo de otras adicciones (alcohol, drogas, pornografía, redes sociales) y de fracaso escolar o profesional.

    Prevención desde la primera infancia

    La prevención debe comenzar desde los primeros años de vida, y debe involucrar a todos los actores del entorno infantil:

    • Padres y cuidadores: establecer límites claros de tiempo y contenido; fomentar el juego físico y social.
    • Escuelas: incluir educación digital y emocional en el currículo.
    • Pediatras y profesionales de salud: monitorear el uso de pantallas y orientar sobre su impacto.

    Se recomienda evitar el uso de pantallas antes de los 2 años, y limitarlo a menos de una hora diaria en niños de 2 a 5 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    Intervenciones terapéuticas y recursos disponibles

    Cuando el problema ya está instaurado, es fundamental buscar ayuda profesional. Las intervenciones más efectivas suelen ser:

    • Terapia cognitivo-conductual (TCC): ayuda a modificar patrones de pensamiento y conducta.
    • Terapia familiar: trabaja la dinámica familiar que puede estar manteniendo el problema.
    • Intervenciones grupales: permiten compartir experiencias y reducir el estigma.

    Existen también líneas de atención telefónica, centros especializados en adicciones comportamentales y programas escolares de prevención.

    Legislación y políticas públicas: ¿vamos por detrás?

    La legislación sobre apuestas online ha avanzado, pero aún existen muchas lagunas respecto a la protección de menores en juegos digitales. Es necesario:

    • Exigir advertencias claras sobre mecánicas tipo azar en videojuegos.
    • Regular la publicidad digital dirigida a menores.
    • Desarrollar políticas públicas que promuevan una cultura digital saludable desde la infancia.

    Conclusiones y llamada a la acción

    La ludopatía infantil y adolescente no es un fenómeno futuro, es una realidad que ya está ocurriendo. El uso precoz e intensivo de pantallas ha creado un entorno ideal para que se desarrollen conductas adictivas relacionadas con el juego.

    Combatir esta situación requiere una respuesta coordinada entre familias, escuelas, profesionales de la salud, gobiernos y la industria tecnológica. La educación, la prevención y la regulación son las herramientas clave para proteger a las nuevas generaciones de una amenaza silenciosa que puede tener consecuencias devastadoras.

  • Edad jubilatoria de los docentes: ¿cuándo es el momento adecuado?

    La jubilación docente es un tema sensible que no solo toca cuestiones legales y económicas, sino también humanas y sanitarias. ¿Cuál es la edad justa para que un maestro o profesor se retire? ¿Cómo se definen esas edades en las leyes argentinas y qué referencias se toman de otros países? ¿Qué criterios utilizan los legisladores para impulsar un proyecto de ley que modifique la edad jubilatoria?

    Legislación vigente en Argentina

    En la actualidad, en la mayoría de las provincias argentinas, incluidos los regímenes nacionales, la edad jubilatoria docente es de 57 años para las mujeres y 60 o 62 para los hombres, dependiendo del tipo de tarea (docencia común o superior). El régimen tiene características especiales por tratarse de una labor considerada de desgaste prematuro.

    Este régimen diferencial está regulado, a nivel nacional, por la Ley 24.016, que establece un sistema especial para los trabajadores docentes de todo el país. En Córdoba, la Caja de Jubilaciones Provincial establece condiciones similares, aunque con particularidades propias del régimen local.

    Sin embargo, periódicamente surgen iniciativas legislativas para reducir aún más la edad jubilatoria, justificadas en el desgaste emocional, mental y físico que puede implicar la tarea docente.

    El caso Birri y el debate cordobés

    En Córdoba, un proyecto del legislador Roberto Birri propuso reducir la edad jubilatoria a 52 años para mujeres y 57 para hombres. La propuesta generó revuelo en los medios locales y abrió un debate que va más allá de lo técnico, tocando lo ideológico, lo presupuestario y lo electoral.

    El argumento principal de Birri fue la prevalencia del Síndrome de Burnout (agotamiento profesional) entre los docentes, al que consideró una enfermedad profesional. Sin embargo, este síndrome no está incluido formalmente como enfermedad laboral en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, lo que debilita la propuesta desde el punto de vista legal y médico.

    ¿Cómo se fundamentan estos proyectos de ley?

    Los proyectos de ley, idealmente, deberían apoyarse en estudios epidemiológicos, informes técnicos, estadísticas laborales, análisis actuariales del sistema previsional y evaluaciones médicas legales. Sin embargo, la realidad muestra que muchos proyectos se basan más en intereses políticos coyunturales que en evidencia científica sólida.

    Cuando los asesores legislativos trabajan seriamente, se apoyan en informes de universidades, comisiones técnicas del Congreso, gremios especializados, informes de salud ocupacional y consultas con organismos previsionales. Lamentablemente, no siempre estos procesos son transparentes ni se publican para el acceso ciudadano.

    ¿Qué pasa en otros países?

    El panorama internacional muestra gran diversidad. Algunos ejemplos:

    • Alemania: los docentes estatales pueden jubilarse a los 56 o 60 años, pero ingresan al sistema tras un riguroso proceso de selección. Gozan de estabilidad y buenas condiciones laborales, lo cual equilibra el sistema.
    • Finlandia: promueve la permanencia laboral hasta los 63 o 65 años, pero invierte fuertemente en el bienestar del docente y la mejora del entorno escolar.
    • Chile: edad general de jubilación: 60 años para mujeres y 65 para hombres, sin régimen especial para docentes.
    • Estados Unidos: varía según el estado. Algunos permiten retirarse con 30 años de servicio, sin importar la edad.
    • Uruguay: los docentes pueden jubilarse a los 60 años, con 30 años de servicio.

    Burnout docente: ¿enfermedad profesional?

    El Burnout fue recientemente reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno asociado al trabajo, pero no como una enfermedad médica en sí misma. Se manifiesta con síntomas de agotamiento, cinismo o desapego del trabajo, y bajo rendimiento.

    En la docencia, numerosos estudios han mostrado una prevalencia importante de este síndrome, debido a factores como:

    • Sobrecarga laboral y emocional.
    • Falta de recursos didácticos.
    • Violencia institucional o social.
    • Escasa valorización social.

    No obstante, en Argentina no se encuentra dentro del listado de enfermedades profesionales reconocidas oficialmente, por lo que no genera cobertura legal ni previsional automática.

    ¿Es viable jubilar a los docentes antes?

    Para responder a esta pregunta hay que combinar salud laboral, sostenibilidad del sistema previsional, calidad educativa y justicia intergeneracional. Si bien muchas tareas docentes pueden implicar un desgaste emocional, también es cierto que no todos los trabajadores padecen por igual ni presentan cuadros clínicos incapacitantes.

    Por eso, una buena opción sería mejorar las condiciones laborales, promover ambientes saludables, ofrecer licencias preventivas, y aplicar exámenes psicofísicos periódicos. La jubilación anticipada debería estar reservada para quienes presentan patologías concretas y bien documentadas, sin caer en generalizaciones.

    Conclusión

    La edad jubilatoria de los docentes no puede definirse solo por afinidades políticas o cálculos presupuestarios. Se necesita un debate serio, con participación de expertos en salud laboral, educación, economía y derecho previsional. Sin esta base, cualquier ley será parcial, ineficiente o injusta.

    Y por sobre todo, debemos recordar que una sociedad que cuida a sus docentes cuida también su futuro.

    Actualizado con fecha 09-06-2025

  • Fisuras de la ley de riesgos del trabajo

    La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), 24.557, nació con el objetivo de proteger al trabajador de los infortunios del trabajo y secundariamente disminuir la industria del juicio. Desde su creación, ha tenido muchos cambios en el orden administrativo y algunos parches en las actualizaciones de medicina laboral, el último, el decreto 49/2014, introduce cambios en el decreto 658/96, Lista de Enfermedades Profesionales, que no se ajustan los criterios médicos legales, de lo que es una Enfermedad Profesional

    La LRT que ya tiene una experiencia de 19 años, remplazó a la ley 24.028 y esta a la 9.688. La ley 24.557, por lo menos desde la teoría, trató de cubrir un espacio que no estaba contemplado hasta el momento, la prevención, rehabilitación y reinserción del trabajador en relación a las enfermedades y accidentes del trabajo; lo único que se hacía con el amparo de las leyes predecesoras, era la reparación indemnizatoria del accidentado y el oportunismo de algunos interesados, fomentaron la industria del juicio demandando como laboral todas las enfermedades que pudiera presentar un trabajador a lo largo de la vida.

    Para evitar esto, la ley 24.557, creó una lista taxativa de Enfermedades Profesionales, con el decreto 658/96. Esta lista surgió del conocimiento técnico de los asesores de la OPS, que se fundamentaron en el listado de la OIT y otros listados de enfermedades de distintos países, y por otro lado, de las presiones de la negociación entre sindicalistas y empresarios.

    La ley en general, fue positiva, en especial si se valora los tratamientos y rehabilitación dados a los trabajadores accidentados. Pero no fue tan positiva para evitar la industria del juicio. En un principio, fue contundente, pero a medida que se fueron conociendo las pequeñas fisuras que legalmente tenía la ley, comenzaron a filtrarse un número creciente de demandas que retrocedió la lucha a foja cero.

    Una de esas fisuras fueron algunas de las enfermedades que se incorporaron al listado de Enfermedades Profesionales, sin un fundamento técnico sustentable, fruto de las negociaciones entre sindicalistas y empleadores para aprobar la ley. Por el otro lado, el Manual de Procedimientos para el Diagnóstico de Enfermedades Profesionales, (Laudo 405/96 MT y SS), creado como una herramienta para determinar claramente la metodología a seguir para realizar el diagnostico de Enfermedad Laborales, no fue lo suficientemente eficiente para lograr encuadrar de manera clara y precisa, las características de estas patologías y evitar que se conviertan en lo que son, los caballitos de batalla de la industria del juicio.

    Entre las pocas enfermedades profesionales malogradas por la ley, están: Síndrome Cervicobraquial, Hombro doloroso, Higroma, tendinitis, espondiloartrosis lumbar y otras pocas más. Para aumentar esta fisura, se ha promulgado recientemente el decreto 49/2014 que incorpora como enfermedades profesionales a Várices y Hernias Inguinales y Crurales.

    El motivo de esta confusión, es que algunas de estas enfermedades no son descriptas como tales en los tratados de medicina, es decir no existen como enfermedad en ninguna de las ramas de la medicina actual; otras son patologías muy frecuentes en la población en general y no es claro cuándo es una enfermedad profesional y cuándo una enfermedad inculpable, otras enfermedades no deberían entrar como enfermedades laborales sino ser considerados como accidentes laborales.

    Estos mal entendidos, no son difíciles de solucionar, lo importante es hacer una actualización con criterios, metodologías y rigor científico, del Listado de Enfermedad Profesional (decreto 658/96) y del Manual para el Diagnóstico de Enfermedades Profesionales (Laudo 405/96) convocando a especialistas con experiencia y honestidad intelectual y pidiendo a los sindicalistas y empresarios que dejen de lado sus intereses corporativos y trabajen en post de la salud laboral de los trabajadores.

    Uno de los objetivos de esta vía de comunicación, es aportar algunas de las posibles modificaciones a realizar que pueden ser beneficiosas para mejorar la prevención de enfermedades laborales y subsidiariamente disminuir la litigiosidad laboral.

    María E. Torres Mariano
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    Evaluación médico-legal de viabilidad: un paso clave antes de iniciar un juicio

    En la práctica cotidiana, muchas personas atraviesan situaciones que generan un profundo sentimiento de injusticia. Un accidente laboral, un siniestro vial, una incapacidad que no fue reconocida, enfermedades que no le permiten cumplir con el trabajo o la convicción de haber recibido un tratamiento médico incorrecto son escenarios frecuentes. Frente a estas circunstancias, es comprensible pensar en iniciar un juicio para obtener una reparación económica o el reconocimiento del daño sufrido o solicitar una jubilación por incapacidad.

    Sin embargo, antes de emprender una empresa de tal magnitud —en términos emocionales, económicos y temporales— resulta fundamental responder una pregunta central:
    ¿Mi caso tiene reales y altas posibilidades de éxito?

    La respuesta a ese interrogante no debería basarse en suposiciones, comentarios informales o expectativas personales, sino en una evaluación médico-legal de viabilidad, realizada por un profesional con formación específica en medicina legal y pericia médica.


    ¿Qué es una evaluación médico-legal de viabilidad?

    La evaluación médico-legal de viabilidad es un análisis técnico, objetivo y fundamentado que permite determinar si un caso reúne los elementos médicos y legales necesarios para sostener una acción judicial con probabilidades razonables de éxito.

    No se trata de “ver si conviene hacer juicio” desde una mirada superficial, sino de evaluar en profundidad:

    • La existencia real del daño corporal o psíquico
    • El nexo causal entre el hecho denunciado (accidente, enfermedad laboral, acto médico, patología invalidante) y el daño alegado
    • La documentación médica disponible y su calidad
    • La coherencia clínica, cronológica y pericial del caso
    • La compatibilidad del daño con los baremos indemnizatorios vigentes
    • Las debilidades, contradicciones o riesgos probatorios

    Este análisis permite anticipar cómo podría ser evaluado el caso por un perito oficial, una junta médica o un juez.


    Accidentes, mala praxis y reclamos: no todo daño es jurídicamente indemnizable

    Uno de los errores más frecuentes es asumir que todo accidente o toda mala evolución médica da derecho automáticamente a una indemnización.

    En la realidad judicial argentina:

    • No todo accidente laboral genera incapacidad indemnizable
    • No toda secuela clínica es permanente ni atribuible al hecho denunciado
    • No todo resultado médico desfavorable constituye mala praxis
    • No todo sufrimiento subjetivo puede traducirse en daño jurídicamente probado
    • No toda enfermedad crónica justifica una jubilación por incapacidad.

    La evaluación médico-legal de viabilidad permite distinguir entre:

    • Daños reales vs. percepciones subjetivas
    • Secuelas atribuibles vs. patologías previas o intercurrentes
    • Casos sólidos vs. reclamos de alto riesgo procesal

    Obstáculos y complicaciones de los juicios en Argentina

    Iniciar un juicio laboral, civil o por mala praxis en Argentina implica enfrentar múltiples dificultades que muchas veces no se explican al inicio.

    1. Tiempos judiciales prolongados

    Los procesos suelen extenderse durante años. Esto implica desgaste emocional, incertidumbre y postergación del eventual resarcimiento económico.

    2. Dependencia de la prueba pericial

    En la mayoría de los casos, el resultado del juicio depende en gran medida del informe pericial médico oficial.
    Si el caso no está bien fundamentado desde el inicio, una pericia desfavorable puede cerrar definitivamente la posibilidad de éxito.

    3. Riesgo económico

    Aunque muchos procesos se inician “sin costo”, existen riesgos concretos:

    • Regulación de honorarios
    • Costas judiciales
    • Gastos de pericias
      Un juicio perdido puede generar consecuencias económicas negativas para el reclamante.

    4. Evaluaciones médicas estrictas

    Las juntas médicas, comisiones y peritos judiciales aplican criterios técnicos, baremos y normativas que muchas veces difieren de la percepción del paciente o del informe de su médico tratante.

    5. Estrategias defensivas de aseguradoras y demandados

    ART, aseguradoras y prestadores médicos cuentan con asesoramiento técnico y jurídico especializado, orientado a minimizar o rechazar reclamos mal planteados o insuficientemente documentados.


    ¿Por qué realizar una consulta médico-legal de viabilidad antes del juicio?

    La consulta médico-legal de viabilidad permite:

    • Conocer objetivamente las fortalezas y debilidades del caso
    • Evitar juicios innecesarios o con baja probabilidad de éxito
    • Optimizar la estrategia legal desde el inicio
    • Corregir falencias documentales antes de judicializar
    • Ahorrar tiempo, dinero y desgaste emocional
    • Tomar decisiones informadas, realistas y profesionales

    En muchos casos, esta evaluación puede marcar la diferencia entre un reclamo sólido y uno condenado al fracaso.


    Un enfoque profesional, ético y honesto

    La verdadera función de la medicina legal no es “prometer juicios ganados”, sino brindar una opinión técnica independiente, honesta y fundamentada.

    Decir a tiempo que un caso no es viable también es una forma de cuidado profesional. Evita falsas expectativas, conflictos innecesarios y consecuencias económicas desfavorables para el consultante.


    Conclusión: evaluar antes de litigar

    Antes de iniciar un juicio laboral, civil, por accidente de tránsito o presunta mala praxis médica, resulta imprescindible contar con una evaluación médico-legal de viabilidad.

    Este paso previo no solo aumenta las posibilidades de éxito cuando el caso es sólido, sino que protege al consultante cuando el reclamo no reúne los requisitos necesarios.

    Consultar a un médico con formación en medicina legal y experiencia pericial es una inversión en claridad, seguridad jurídica y toma de decisiones responsables.

    Litigar sin evaluar es arriesgar.
    Evaluar primero es actuar con inteligencia médico-legal.


    Es importante evaluar cada caso antes de iniciar un juicio

    Antes de iniciar un juicio laboral, civil o por mala praxis, solicite una consulta médico-legal de viabilidad. Obtenga un análisis técnico, objetivo y confidencial sobre las reales posibilidades de éxito de su caso.
    Consulte a tiempo y tome decisiones informadas, con respaldo profesional en medicina legal.

    Solicitar evaluación médico legal