Mucho se habla de la Industria del Juicio, de los abogados y médicos corruptos que con falsas demandas han destruido el sistema, pero no se habla de aquellos que abren la puerta desde la justicia para que esto suceda.
Para entender lo que implica la industria del juicio, habría que explicar en primer lugar el delito precedente. Le llamo así, al hecho de que más del 90% de los juicios laborales, salen siempre a favor del trabajador, con los más variados fundamentos, pero básicamente, con la excusa de un viejo paradigma de la Justicia Laboral que dice que “la duda es pro operario”
Cuando los trabajadores demandan enfermedades supuestamente ocurridas por la actividad laboral en la ciudad de Córdoba (Argentina), el reclamo ingresa a los juzgados de Conciliación. Se inicia con una demanda acompañada de un certificado médico que avala las patologías reclamadas. Entre las pruebas que se solicitan para sustanciar el reclamo, está la realización de una pericia médica que deberá examinar al trabajador y ratificar o no las patologías mencionadas.
El tribunal le encomienda esta tarea a un médico autónomo que no tiene relación de dependencia con la justicia, quien libremente se ha inscripto en el poder judicial como técnicos auxiliares independiente o más conocido como Peritos médicos de Oficio. El único requisito que tiene el profesional para poder inscripbirse es tener título habilitante de médico y ser especialistas en alguna rama de la medicina, básicamente medicina laboral y/o legal. Para la elección entre todos los médicos inscripto, se realiza un sorteo, teóricamente imparcial.
Lo evidente es que estos médicos o peritos de oficio en más del 90% de las veces, con evidencias clínicas claras o sin ellas, dictaminan que los trabajadores tienen las enfermedades que reclaman y que estas son ocasionadas por sus actividades laborales, otorgándoles altas incapacidades.
Después de sustanciarse todas las pruebas solicitada en la demanda y si no se ha llegado a una conciliación en estas instancias, los expedientes pasan a las Cámaras del trabajo, donde gracias a los informes médicos de los peritos de oficio, que extrañamente, nunca coincide con los dictámenes de la Comisión Médica, los jueces determinan que se deben pagar las prestaciones dinerarias acorde a la incapacidad encontrada.
Que quede claro en más del 90% de los juicios donde los trabajadores reclaman enfermedades supuestamente laborales, son ganados por los trabajadores. Esto es básico para entender cómo se gesta la industria del juicio. Los empleadores y/o aseguradoras deben pagar indemnizaciones altísimas, más los honorarios de los abogados patrocinante de los trabajadores (20%), más los honorarios de los peritos de oficio, más las costas del juicio.
Estas maniobras comenzaron a perpetrarse a poco de ponerse en marcha la ley 24.557, poco a poco, los abogados y trabajadores, al ver lo exitoso de los resultados fueron animándose a aumentar de manera paulatina en un principio y exponencial después, la cantidad de pleitos iniciados, que al cabo de algunos años de litis, conseguían jugosos dividendos. Ya no se abrían los expedientes de a uno, sino que se abrían de a 100, 200 o 600 juicios de trabajadores contra las ART.
Allá por el año 2007, 2008, frente a este desamparo judicial hacia las aseguradoras, ante la certeza cierta que iban a perder casi siempre los juicios por grandes sumas de dinero devenidas de las incapacidades que fijaban los médicos del tribunal, las empresas aseguradoras de riesgo del trabajo trataron de minimizar las pérdidas conciliando los juicios antes de que llegaran a los peritos de oficio.
Los jueces de conciliación, en ese momento, creo que ahora es igual, a los fines supuestos de proteger los derechos del trabajador, no les permitían a las aseguradoras conciliar el juicio a cambio de un monto pactado de dinero. Las empresas, debían hacer examinar a los actores por un médico que evaluara la supuesta incapacidad y presentar un certificado que asentara que el trabajador tenía una incapacidad equivalente al monto de dinero que se negociaba. Ahí entraban en escena los médicos de las empresas, que por dos pesos les hacían la gauchada de firmar esos certificados, para que las empresas pudieran cerrar algunos juicios.
Está más que claro que los porcentajes de incapacidad por el cual se hacían los certificados para conciliar los juicios, no lo determinaban los médicos de las aseguradoras, sino las negociaciones entre las aseguradoras y los abogados patrocinantes de los trabajadores, luego se aplicaba una fórmula determinada por la ley de riesgo, para establecer qué monto debía asentarse en el certificado para que coincidiera con la indemnización pactada.
Voy a decir algo obvio, «nadie negocia por cero pesos». Si los médicos de las empresas se hubieran negado a colaborar, o los certificados hubieran dicho que no tenían incapacidad laboral, los trabajadores no hubieran conciliado y el expediente continuaba su curso, se sorteaban peritos de oficios con muchas probabilidades de que las actuaciones periciales les otorgaran a los trabajadores incapacidades muy altas con pérdidas económicas mayores para la empresa que si lo hubieran conciliado desde el principio.
En ese tiempo yo trabajaba para las empresas y tengo la firme convicción que si las aseguradoras hubieran tenido confianza en los dictámenes de los peritos de oficio y el accionar de los jueces, la mayoría de ellas no se hubieran prestado a este tipo de arreglos. Por otro lado, desde el punto de vista económico, a los médicos de las ART, les convenía más ir a las juntas periciales que firmar certificados, por lo menos a mí, me pagaban mucho mejor por lo primero.
Algunos dicen que por denuncias de la Superintendencia de riesgo y otros porque a muchos protagonistas de estas tramas, les molestaba estas conciliaciones previas, en paquete, que se hacían antes de llegar a los peritos de oficios y cámaras laborales, dejando afuera algunos actores de esta novela, lo concreto es que en el año 2010 se iniciaron juicios contra un escaso número de abogados que vivían de esta industria. Se imputó a estos letrados, a sus médicos y a algunos médicos de las aseguradoras, sin imputar y ni siquiera mencionar, a aquellos peritos médicos de oficio y jueces que con su accionar fomentaban y facilitaban estas maniobras.
A mi criterio, si bien los abogados que patrocinan a los trabajadores tienen una cuota importante de responsabilidad en la industria del juicio, este accionar delictivo, no sucedería si desde la justicia, los peritos médicos y jueces tamizaran honesta e idóneamente lo falso de lo verdadero.
Las conciliaciones en paquete disminuyeron en la Provincia de Córdoba, a raíz del juicio que se ini
ciaron a los abogados por las investigaciones que se hicieron desde las fiscalías penales en el 2010, pero la industria del juicio siguió en ascenso y las empresas siguen perdiendo casi todos los juicios aunque sean por enfermedades inexistentes.
Actualmente el trabajador deberá esperar más tiempo hasta que el juicio se acabe para cobrar la indemnización, pero los montos dinerarios son superiores y esta situación no va a cambiar, mientras no se accione contra esos peritos de oficios y jueces que a sabiendas abren la puerta para que las demandas truchas tengan éxito.